La confianza en la justicia

La justicia lleva años en tela de juicio, aunque suene redundante. Los beneficios que han obtenido figuras relevantes para solventar o, al menos, aminorar sus condenas han enfadado a gran parte de la sociedad. Hemos visto en el banquillo a ministros, expresidentes autonómicos, banqueros e incluso al marido de una infanta. Y a muchos se les han concedido privilegios de los que no han disfrutado personas anónimas. Eso no genera confianza en la justicia.

Tampoco que la prescripción de casos haya librado de investigaciones y de castigos posteriores a personalidades que debían ser ejemplares, y cometieron delitos, ha ayudado. Y menos si tienen la entidad del rey emérito.

Nada de esto ha colaborado para que los españoles se muestren satisfechos con la ejecución de la justicia en nuestro país. Aunque sospecho que el grado de desconfianza nunca había sido tan alto como lo es en la actualidad. Y, a ello, ha contribuido la clase política, criticando sentencias y señalando a jueces. Le ocurrió a la jueza Alaya, que se ocupó del escándalo de los EREs en Andalucía. Ella mismo denunció que había sido apartada por el miedo de los partidos a lo que estaba descubriendo. A Garzón lo inhabilitaron para seguir ocupando su cargo. Y aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyese que los juicios contra el exjuez fueron arbitrarios y no cumplieron con los principios de independencia e imparcialidad judicial nunca ha sido readmitido.

PP y PSOE no se han cortado a a la hora de despreciar las sentencias que no les favorecían, a veces con disimulo y otras de manera abierta. Por la Gürtel De Prada tuvo que aguantar ataques desde las filas populares. No hay que irse tan lejos para encontrar algo similar. El propio presidente del Gobierno ha puesto en duda las intenciones de Juan Carlos Peinado por anunciar, en vísperas de unas elecciones, que llamará a declarar a su esposa, Begoña Gómez.

Algunos políticos tildan a la Fiscalía de juguete del Gobierno y otros arremeten contra la Audiencia Provincial de Madrid por emitir resoluciones, según ellos, partidistas. Sin reparar en el flaco favor que hacen a ambas instituciones.

Son los propios jueces los que más deberían estar empeñados en detener este desprestigio. Por eso no se entiende que no se planten ante la anomalía que representa que el Consejo General del Poder Judicial cumpla cinco años con su mandato caducado. Esa conformidad despierta todavía más sospechas y recelos. Todo influye, no lo olvidemos.