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Estoy viendo una serie estupenda que todavía no se ha estrenado y de la que de momento no puedo hablar. Los periodistas, a veces, tenemos acceso antes que nadie a algunas producciones para luego comentarlas con propiedad en cuanto llegan a la pantalla. Las cadenas ... y productoras imponen sus plazos, claro, y dictan la fecha a partir de la cual se pueden emitir opiniones sobre lo visto. Hasta dentro de unos días no se puede avanzar nada de esta serie en cuestión, pero ya avanzo que va a ser uno de los grandes títulos españoles del año.
Me permito destacar -espero no quebrar ningún embargo- una frase que escuché en uno de los capítulos, con la que estoy absolutamente de acuerdo, y que no me la quito de la cabeza en estos días convulsos: «Todo es política, hasta un sombrero es política». Se la dice un personaje a otro que se declara apolítico, como si alguien pudiese ser eso.
Todo es política, efectivamente. Hasta una mascarilla es política. Eso ya lo descubrimos durante la pandemia, cuando los distintos gobiernos la utilizaban como arma de destrucción masiva.
Ahora han vuelto a desenfundar las mascarillas y a colocarlas en el epicentro de la batalla política. Hace semanas que tres cuartas partes de España está enferma (quien más, quien menos se ha constipado, ha albergado un virus o ha padecido algún dolor de garganta o estómago) y no han sido pocos los que han tomado medidas por su cuenta para evitar nuevos contagios, que incluían cubrirse la boca, sin necesidad de seguir ninguna directriz impuesta desde las autoridades competentes. La ciudadanía muchas veces demuestra mayor sentido común que los supuestos responsables de ordenar sus vidas.
Algunas comunidades decretaron para inaugurar el año el uso de la mascarilla en centros sanitarios. Y nadie se echó las manos a la cabeza. Pero vino después el Ministerio de Sanidad y anunció que extendería esa obligación a todas las zonas de España. Y ahí se desató la contienda entre las regiones gobernadas por el Partido Popular -con Ayuso, cómo no, a la cabeza- y la ministra del gobierno de Sánchez. Llegaron a producirse situaciones tan curiosas como que el Consell valenciano votase en contra de lo que pedía Mónica García pese a que en los ambulatorios y hospitales de aquí ya se estaba aplicando, por decisión propia, desde hace unos días. La situación se ha resuelto sin acuerdo, con el Gobierno central imponiendo la norma sin consenso, con los presidentes autonómicos protestando, y con la sensación generalizada de que nos esperan cuatro años por delante sin posibilidad de encontrar la calma en ninguna parte.
«A este gobierno ni agua», dijo la líder del PP en Madrid en un encuentro informativo con el presidente de la Xunta de Galicia. Y sus compañeros se lo han tomado al pie de la letra. Ellos sabrán por qué.
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