La Junta Electoral: tarde, poco y mal

Su intencionado error, convertido ahora en una multa de 1.500 euros, fue que lo dijo dónde, cómo y rodeado de quienes no debía hacerlo. Es decir, tocaba decirlo sobre un escenario con las letras del PSC seguidas del corazoncito algo hortera y pasado de moda (que ya toca renovar como le pasó en su día a la gaviota del PP) muchas banderitas ondeando y dichas tras un atril con pantalla. Pero no. Sánchez aprovechó el viaje que le pagamos entre todos (porque a todos nos representa), cubierto en avión oficial, sobre mullida moqueta y con el séquito de periodistas que le siguen en sus viajes (que no son todos los que van porque muchos se quedan fuera de la criba oficialista) para declarar que sólo Illa era «el idóneo candidato para unir y servir a Cataluña» vulnerando así el principio de neutralidad que se le debe exigir al presidente del Gobierno de todos los españoles.

Dicho lo cual, toda la retahíla de cosas mal hechas por Pedro Sánchez en esta cuestión, no difiere en absoluto con las que se suelen hacer habitualmente -da igual qué partido político sea- cuando uno está en el gobierno. Sin ir más lejos este organismo ha castigado recientemente también a la Portavoz del Gobierno Pilar Alegría (2.200 euros), al presidente del CIS (pobre CIS). Felix Tezanos (3.000 euros), a la ministra Isabel Rodriguez con dos multas que suman 4.700 euros o al propio ex presidente de la Generalitat Catalana Pere Aragonés por hacer electoralismo e inaugurar instalaciones durante las elecciones generales con otra multa de 2.200 euros.

Con todo y desde mi punto de vista la Junta Electoral Central debería revisar sus propios procedimientos para ganar en efectividad, contundencia y utilidad para salir del sinsentido en el que está instalada. Porque, sus multas llegan demasiado tarde. En el caso antes citado el 1 de julio, muchas semanas después de las elecciones en Cataluña que fueron, como recordarán, el 12 de mayo de cuya celebración limpia y en igualdad persigue preservar la Junta. ¿De verdad sirve así para algo?

Y si entramos a valorar además el importe de las mismas, resulta poco significativo pagar 1.200 euros para altos cargos -como presidente de gobierno central o autonómico o los de un ministro- con buenos sueldos para afrontarlas sin demasiados aprietos. Además los multados deben pagar directamente de sus bolsillos, lo dice la ley, han de responder como personas físicas y sino verse las caras con la Agencia Tributaria. No estaría demás que la Junta Electoral además diera cuenta -cómo hace Hacienda- de cuáles son sus principales morosos. Sería muy interesante poder verla. ¿No les parece?