A la concertada no le llega

Sin embargo, como decía, en ocasiones se usan como requiebro y el político se muestra solidario con las reivindicaciones. Incluso, algunos y algunas, llegan a manifestarse en la calle, cuando ellos cuentan con la posibilidad de buscar las soluciones en el despacho.

Empatía, solidaridad, comprensión... el sector de la concertada puede sentirse halagado por este acompañamiento, pero al mismo tiempo reclama una solución para sus cuentas que se demora. Los centros piden una actualización del módulo para gastos de funcionamiento que abonan tanto los suministros como el personal de administración en una escuela.

Ninguna empresa, organización ni familia mantiene a raya los mismos gastos que tenía en 2009. De hecho, lo más probable es que sí haya logrado aumentar sus ingresos en esta década y media. Éste ha sido el desafío del sector de la concertada, cuyo módulo económico no se ha actualizado desde entonces. Esto no solo provoca una tensión económica notable para los centros, sino que además dificulta, si no impide, actualizar el salario del personal no docente de un centro.

La diversidad de la concertada es enorme, pero hacer frente a una situación así suele pasar por un equilibrio entre la contención del gasto y la búsqueda de nuevos ingresos. Y detrás, también, las familias y las polémicas cuotas voluntarias que sufragan aquello que el módulo no alcanza. Estos abonos y los servicios complementarios y extraescolares flexibilizan la gestión económica del centro educativo para que su supervivencia sea posible.

Algunos recordarán las palabras de Vicent Marzà de «se ha acabado la barra libre para los colegios concertados» en sus primeros meses como conseller de Educación en 2015 y el anuncio de un decreto que «prohibía» las cuotas. Con el paso de las legislaturas, y de manera definitiva durante la pandemia, el conflicto dio paso a la colaboración, que es el relato habitual con el que la concertada conlleva los gobiernos de izquierdas.

Ahora la libertad de elección vuelve a estar en boca del Gobierno autonómico, se le da protagonismo político como un valor social. Y el sector, en un acto con la presencia de la Conselleria de Educación, ha recordado que la libertad cuesta. En definitiva, que hay que defender la libertad de elección escolar en los tres frentes: en las ideas, en las normas y en los presupuestos. En este sentido, está claro que el gobierno popular ha retomado estas ideas y prepara un cambio normativo que recupera el distrito único. En el aumento del módulo de gastos se espera algo más que comprensión.

Hay que insistir en que la concertada no es una privada «low cost», subvencionada para que sea barata, como algunos aspiran y otros critican. Representa el ejercicio de un derecho fundamental de las familias, el de educar según sus convicciones, y de los niños, el de la educación, además de una sociedad más diversa. Esto ya no se paga con las cifras del 2009.