La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propone al Ministerio de Hacienda gravar con un IVA del 21% a la enseñanza y la sanidad privadas, ahora exentas como toda formación reglada. El Ministerio cuantifica en 3.000 millones de euros la recaudación extra que esta medida ... supondría.
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Centrado en lo educativo, el palo para el sector sería notable, en general, como digo, a la formación reglada y a sus profesionales. Tanto en no universitaria como en formación para el empleo y la universidad.
En esto de los impuestos hay una coincidencia mayoritaria que dice que pague más el que más tiene. Poca gente lo niega, la discrepancia es qué significa pagar más y cuánto más es suficiente. Si desterramos ideas maximalistas, sean libertarias o colectivistas en las que es el Estado, que todo lo tiene, el que da y no el que recibe, la fricción política está en si ese más se lo debe quedar el ciudadano o que lo gaste por él la Administración. La tendencia igualitaria tira hacia arriba el máximo recaudatorio, y por el contrario el despiporre presupuestario aconseja que el dinero quede en el bolsillo del votante.
Por tanto, esto va de preferencias, aunque hay que juzgarlo por sus resultados. Subir los impuestos a los colegios y universidades privadas provoca menos alumnos en estos centros, los cuales tienen dos opciones: o van a plazas sostenidas con fondos públicos o dejan de estudiar. Habría que ver si la cantidad recaudada se dedica y basta para compensar esta exigencia presupuestaria. Al menos, el sindicato FSIE, mayoritario en la privada, ya ha dicho que no, que esta medida, si se aplica, es un varapalo para las familias y los trabajadores, porque están convencidos de que abocaría a la pérdida de puestos de trabajo en el sector.
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No soy capaz de hacer las cuentas, y solo me quedo que es una decisión que no gustaría a los afectados y quizás sí al resto, porque que paguen los demás y no uno mismo tiene un nulo coste personal. Aparentemente, porque la medida, recordemos, es sobre el IVA, por lo que no afecta tanto a que pague más quien tiene más, sino que pague más quien usa determinado bien o servicio, en este caso, la educación privada. En suma, es un impuesto a la educación, que lo pagará como impuesto quien siga en la privada o como coste el que se pase a la pública o concertada.
No obstante, el impacto mayor es sobre la oferta académica, ya tensionada en, por ejemplo, muchas titulaciones de Formación Profesional y grados universitarios. En este contexto de notas de corte y una oferta escasa y desigual para la demanda existente, la enseñanza privada es un colchón que amortigua en buena parte este desequilibrio. Y en muchas ocasiones con gran sacrificio de familias y alumnos que complementan con su esfuerzo cuando no son de esos que califican como «los que más tienen». No sé, ya digo, si esta puntilla económica para las familias se compensa con más becas que puedan salir de esta recaudación, pero no parece que se proponga una inyección presupuestaria finalista con este gravamen nuevo.
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Ni que decir tiene que la educación privada es un concepto mucho más amplio que el imaginario obsesionado con un colegio «pijo», por lo que este impuesto sería un terremoto al sector de la formación no reglada, tan diverso y de pyme y autónomos.
No sé si es suficiente para determinar que ya pagan más, pero el alumnado de la privada es un chollo, porque se hace cargo de abonar su educación mientras con los impuestos financia también la del resto. Paga y no hace gasto, un alivio para un sistema que no llega a cubrir todas las necesidades.
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