Páguenles más

Vaya por delante que este problema no es exclusivo de la educación, sino afecta a otros sectores. Ya habrán oído aquello del desencaje de nuestro mercado de trabajo, con un alto porcentaje de desempleados y, al mismo tiempo, sectores productivos que no encuentran trabajadores cualificados. Hay dos circunstancias que lo agravan: o lo justitas que son las condiciones laborales o la supercualificación que se requiere. Este segundo caso es lo que sucede, en general, en las profesiones con requisitos de titulaciones habilitantes.

La docencia tiene fama de empleo deseable, atractivo, quizás también porque tiene la ventaja de estar al alcance de cualquier titulado. Es decir, es una opción para todo universitario. Uno puede ser médico o profesor, ingeniero o profesor, biólogo o profesor, periodista o profesor... y así. De ninguna manera lo digo como desprecio, al contrario, es una profesión transversal y, por tanto, cualquier graduado ha podido planteársela alguna vez.

Paralelamente, es un oficio muy rígido en cuanto a sus condiciones laborales. En concreto, las retributivas. Esto tampoco es exclusivo de la docencia sino más bien de la función pública, donde la carrera profesional inicia alto pero desarrolla poco. Así, cuando un perfil es muy demandado en el sector privado, el sistema educativo no tiene capacidad de retener el talento más allá de la vocación y la referencia mítica a las largas vacaciones.

Se piensa en lo anterior cuando se habla de docencia, pero el sector es más estacional que el turístico, y en verano expulsa del empleo a miles de profesionales. No todo el trabajo docente es el que sueñan muchos. Existe mucho temporero de la tiza, que ocupan plazas recónditas y tiempos parciales, y que para sumar puntos que les adelante en las bolsas, o simplemente no ser eliminados de ellas, se desplazan cientos de kilómetros de sus casas, a veces, sin salirle a cuenta trabajar. Para estos casos la Conselleria plantea la medida de reducir la exigencia de titulaciones. La Administración no encuentra personal para puestos precarios en especialidades mejor pagadas por las empresas.

No es la primera vez que una Administración educativa lo plantea. Era, no sé si sigue siéndolo, habitual en lengua extranjera en Cataluña, donde el requisito de Filología era difícil encontrar. Durante la pandemia, el Ministerio de Educación retiró la exigencia del máster de Secundaria durante un curso. Y en los puestos de difícil provisión, la Conselleria ha sido laxa en anteriores ocasiones.

En principio es previsible que esta manga ancha deteriore algo la calidad del servicio, si bien hay que pensar que peor es no tener ningún sustituto para la clase.

Las familias podrían reclamar a la Administración educativa lo mismo que aconsejó el presidente Joe Biden a las empresas que se quejaban de la falta de trabajadores en Estados Unidos: «¡Pagadles más!». Seguro que es impensable que en el ámbito del empleo público se aceptara una solución que tanto se recrimina al mundo de la empresa: crear un complemento salarial para puestos de difícil provisión. Al fin y al cabo, ya existe algo parecido con el complemento de insularidad que se cobra en Baleares o Canarias.