¿Preguntar es ofender?

Al mismo tiempo, no hay que hacer oídos sordos, pues al igual que hay minorías sociales las hay políticas, y una buena muestra es que la propia Diputación de Valencia, a propuesta de Ens Uneix y con el apoyo de la oposición, se muestra contraria al procedimiento. La presidencia del PP en la Diputación no puede evitar este desaire a una de las más destacadas propuestas electorales en materia educativa.

Más allá de los partidos y las entidades de parte, la consulta es otra cara del equilibrio conflictivo sobre la primacía entre los diferentes agentes educativos, que a veces vence hacia las familias, otras hacia la Administración y otras para los profesores, y todo y todos subrogándose al alumnado como argumento principal. En esa frontera encontramos las recurrentes disputas escolares, que si la libertad de elección, que si el Estado incluye valores en los currículos, que si el programa lingüístico lo define el claustro, etcétera. A mi entender, al tratarse de un equilibrio, requiere consensuarlo en cada caso, porque los apriorismos ideológicos que concretan los partidos se manejan mejor en el blanco y negro que en acordar el tono de gris adecuado.

Es tan cierto el argumento de que las familias no eligen si estudiar o no Matemáticas y por tanto tampoco sobre el Valenciano (aunque tiene su trampa porque no es la asignatura sino su uso vehicular lo que se dirime) como que la decisión de uso de una lengua oficial por parte del ciudadano es un derecho político que la escuela no puede ignorar y que por supuesto que tiene incidencia académica. La escuela es una institución pública y, por mucho que en otros territorios lo vean factible, no tiene lógica que lo que uno puede reclamar en el ambulatorio, por ejemplo, ser atendido en una de las dos lenguas, sea torpedeado en la escuela. Es un derecho político, insisto, y eso tiene la máxima consideración en nuestra democracia. Entrar en una dinámica en la que la historia se prioriza frente a los derechos es muy peligroso porque sitúa la identidad por encima de las personas.

En la compatibilidad entre el derecho político y el aprendizaje de la lengua con menor uso social, en el equilibrio democrático, está la clave, así que no hay que temer tanto si la consulta afecta al valenciano -¡aceptamos por voluntad de la mayoría y no nuestra tantas cosas!- sino el terremoto que la consulta supone para la continuidad organizativa de los centros. A mi juicio, ahí está la debilidad del modelo de consulta planteado, la estratificación por anualidades del proyecto lingüístico de un centro, que la movilidad docente y la libertad de cátedra terminarán, en muchos casos, por rematar.