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La publicación ayer de la convocatoria de la consulta lingüística justifica que volvamos a hablar de lo que ya hicimos hace tres semanas. Entonces, desde un punto de vista abstracto; hoy, de una manera práctica: ¿qué votan las familias? Por primera vez se les pregunta ... qué lengua vehicular prefieren para sus hijos. No decidirá la Administración, no decidirá el colegio, ni los profesores, ni el ayuntamiento. Decidirán las familias de forma parcialmente individualizada. Al menos, todo lo individualizadamente que se puede. Me explico.
Bien sabe el lector que ninguna libertad educativa es absoluta. Existen limitaciones obvias, como pasa con la elección de centro: si hay más demandantes que vacantes, alguien se queda fuera. En la elección de estudios, las notas de corte acorralan los deseos. Y así, en términos generales, la voluntad del individuo se moldea según los recursos y las mayorías. La jornada continua es otro ejemplo de que no es la familia sino el conjunto de las familias las que por mayorías decide si sí o si no a este tipo de jornada.
Lo novedoso, que no absoluto, de esta consulta lingüística es que decidirá la familia y es el centro el que adaptará su planificación a esta voluntad. Bien que no es absoluta, y así si una familia es la única del centro que desea una lengua vehicular diferente al resto, tendrá que adaptarse a esa mayoría o cambiar de centro. No obstante, se prevé que a partir de un mínimo se cree una unidad para la segunda lengua, si obtiene una minoría suficiente, lo que minimiza esa sensación de '¿para qué me preguntan si al final no puedo tener lo que pido?'.
Es curiosa la apelación a la libertad de expresión de los defensores de la inmersión lingüística (sindicato STEPV y demás), cuando a lo que se niegan es a que las familias se expresen. Que los centros y profesorado puedan 'informar' de la conveniencia de estudiar en valenciano contrasta con esa aversión a que las familias opinen sobre el tema lingüístico. La cosa es que esa información conlleva la voluntad de persuasión, lo que entonces no está tan claro. Es lógica la exigencia de neutralidad a las instituciones, y la escuela es una de ellas. ¿Se admitiría lo contrario? La libertad de expresión tampoco es un absoluto y no aplica a las administraciones. ¿Tiene el empleado público que juzgar si le parece bien o mal el trámite que yo haga con la Administración? En esto tampoco.
Así que es la familia la que decidirá y es una extensión de un derecho político tan básico como el derecho a relacionarse con la Administración en la lengua oficial que desee. Eso sí, toda decisión lleva consecuencias, por lo que la familia debería ser consciente de que supone estudiar en una lengua o en otra. Si me permiten, en primer lugar, quiten algo de hierro al asunto. Su voto decidirá una horquilla lingüística del 20% del horario, así que vote lo que vote su hijo o hija seguirá estudiando castellano y valenciano, en castellano y en valenciano. Es indudable que cuanto más en valenciano estudie, más facilidad de uso tendrá, pero la lengua solo la consolidará si hace uso extraescolar de ella. Que sus amistades escolares también la hablen en su vida diaria fomentará este aprendizaje real. Por otro lado, aprender en la lengua propia obtiene mejores resultados en los currículos más duros, así que los castellanohablantes en castellano y los valencianohablantes en valenciano favorece el aprendizaje más académico.
Pero el argumento revolucionario de esta consulta no es ninguno de los anteriores, sino la libertad más básica, elija lo que le dé la gana.
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