Y ahora, a por los jueces

Con el poder legislativo controlado por una comisaria política del régimen sanchista y el ejecutivo bajo el mando directo del líder, al PSOE sólo le ... falta tener a buen recaudo el judicial para así asegurarse la permanencia en la Moncloa el tiempo que haga falta. El tiempo que haga falta para desmontar el modelo constitucional surgido a partir de una Transición que este socialismo podemista y largocaballerista rechaza porque no ajustó cuentas con el pasado. Y como no hay manera de reeducar y meter en cintura a unos jueces que son en su mayoría unos fachas -al decir de nuestros gobernantes-, no hay más remedio que inventarse un nuevo sistema de acceso a la carrera judicial para hacer que los juzgados sean un espacio seguro y progresista, como ya lo son los colegios y los campus universitarios. Centrados como estaban en la batalla cultural, que han sabido dar y de momento ganar, los dirigentes de la izquierda descuidaron un flanco, el de la justicia. Aunque en realidad su problema no son los jueces sino el cumplimiento de la ley, de las normas, incluso de las promulgadas durante su mandato. Si una sentencia no es acorde a su ideología o a sus intereses políticos es porque el juez que la ha dictado es un ultraconservador. Si un socialista es investigado no es porque sea un presunto corrupto sino porque existe una conspiración entre los poderes fácticos (mediáticos, económicos y judiciales) para acabar con el Gobierno «de progreso». Si un fiscal general del Estado que ejerce como fiscal al servicio del presidente del Gobierno tiene que declarar por haber filtrado un correo electrónico, eso no implica una mala práctica profesional de quien debería ser estricto cumplidor de las normas, sino mera persecución y ánimo de favorecer a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Y así, hasta el infinito, con los ERE de Andalucía, Begoña, el hermano de Sánchez... Los jueces, en su conjunto, se habrían confabulado para trabajar en contra del Gobierno socialista. ¿Por qué? Porque son unos conservadores, porque a ellos no se les ha aplicado la renovación ideológica que sí que ha llegado a instituciones del Estado como la RTVE de Broncano y Silvia Intxaurrondo, el Banco de España o el CIS de Tezanos, entre otras. Así que como forman un cuerpo de irreductibles ultras que no son capaces de adaptarse al tiempo presente, hay que incorporar nuevos valores que no tengan que pasar por la siempre engorrosa oposición. Un modelo anticuado, memorístico, y que encima está dirigido a los ricos, a los que pueden pasarse varios años estudiando. El caso es que he conocido a lo largo de mi vida a varios opositores de judicatura y no eran millonarios sino licenciados en Derecho con vocación por la carrera judicial que aceptaban las reglas del juego, las que te obligan a estudiar largas horas todos los días durante unos años para poder optar a un juzgado. Ahora no, con la reforma que prepara el ejecutivo, los pobres (que como todo el mundo sabe votan al PSOE) también van a poder estudiar esas oposiciones injustas, arbitrarias y clasistas. Y en todo caso, se va a abrir la puerta para otro tipo de acceso, de tal modo que profesionales del derecho de reconocida trayectoria progresista equilibren la balanza de la justicia e impidan que desde los tribunales se entorpezca la labor del Gobierno. Escribí hace tiempo que a España se le está poniendo cara de Venezuela y lamentablemente tengo que ratificarme en aquella impresión. Porque el partido actualmente en el poder ofrece todos los inquietantes síntomas de querer aferrarse al mismo de cualquier manera, violentando las leyes, transformando en su beneficio las normas, impidiendo la alternancia política, que es la clave de una democracia. Como vengo afirmando en las últimas semanas, no sería la primera vez que lo hace. Este PSOE tan dado cuando quiere a la mal llamada memoria histórica olvida -porque no le interesa- los episodios anteriores en que no aceptó un resultado de las urnas. Y disimula cuando se le indica que llegó a la Moncloa en 2018 a lomos de una moción de censura basada en una sentencia de unos jueces que no debían ser tan fachas como el resto. Un fallo, por cierto, hábilmente manipulado para presentar al PP como un partido corrupto que debía ser desalojado de las instituciones, cuando no era eso lo que se declaraba. Con todo, lo peor no son las triquiñuelas de los dirigentes sino la actitud borreguil, complaciente o resignada, de una parte de la población española que vota esas siglas porque asegura que eso es lo progresista. Y porque el verdadero peligro, añaden, es la derecha y la extrema derecha.