Montero, rectora de la UPV

Podría ser tanto María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Junta para tratar de ... arrebatar el gobierno autonómico al popular Juanma Moreno y recuperar uno de los cortijos socialistas, como Irene Montero, la eurodiputada de Podemos, exministra de Igualdad y pareja de Pablo Iglesias, aunque esto último no tenga nada que ver -¡qué va a tener que ver!- con haber llegado tan joven, tan inexperta y tan poco preparada a puestos de tan alta responsabilidad. Y tan sustancioso salario. Podría ser que la una o la otra, digo, fueran un día nombradas rectoras honorarias de la Universitat Politècnica de València (el nombre oficial es sólo en valenciano, a algunas instituciones públicas les trae sin cuidado que la autonomía sea bilingüe). Porque en esta universidad han hecho suyo -lo hicieron hace tiempo- sus peregrinas ideas sobre la presunción de inocencia. Con motivo de la sentencia absolutoria del futbolista Dani Alves, las dos políticas de la izquierda española salieron en tropel a rechazar el fallo haciendo gala de sus profundos y bien asentados conocimientos jurídicos como médica, la una, y psicóloga, la otra. Profesiones en las que, como todo el mundo sabe, el Derecho Penal es asignatura obligada. Pero lo peor no es que discrepen de una sentencia, que es algo legítimo aunque aventurado si uno o en este caso una no conoce o no entiende la argumentación del tribunal, sino que pongan en la diana la presunción de inocencia. Un derecho amparado por la Constitución española de 1978, aunque esta circunstancia tampoco suponga para nuestras próceres un obstáculo insalvable. ¿Y cómo han hecho suya en la Politècnica esta demencial postura que arrincona uno de los mayores avances que ha conseguido el ciudadano frente al poder de los estados? Incorporándola a su 'Protocolo de actuación en los supuestos de acoso'. Y, en concreto, al artículo 30 («Inversión de la carga de la prueba») de esta farragosa e inabarcable norma: «Cuando la solicitud de intervención se fundamente en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponderá a la persona a la que se atribuye la conducta discriminatoria probar la ausencia de discriminación». La bomba. Semejante desatino se cometió durante el mandato del anterior rector, Francisco Mora, y no mereció apenas atención y mucho menos reconvención por parte... ¿por parte de quién? No, desde luego, de los profesores, mucho menos de los alumnos ni del personal de administración y servicios. Esta semana, el protocolo ha salido de su aparente letargo después de que el sindicato nacionalista de la enseñanza, el STEPV, lo esgrimiera para exigir el cese de dos vicerrectores que, a su juicio, «banalizan el acoso sexual». Y recordara a la responsable de Igualdad que en el campus de Vera «és l'agressor qui ha de demostrar la innocència i no la persona que denuncia». O dicho de otra manera y para que nos entendamos, que a pesar de ser un territorio de lo que queda de España y de tratarse de una entidad pública que se sostiene con los impuestos de los ciudadanos, en la Universitat Politécnica de València no rige la Constitución española. No, al menos, el artículo 24.2: «Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia». La aberración es de tal calibre que cuesta entender por qué nadie ha protestado, reclamado y hasta denunciado la flagrante inconstitucionalidad del Protocolo. Supongo que por el mismo silencio de los corderos que provoca que los profesores permitan ser evaluados por los alumnos, en un nuevo capítulo de la serie 'El mundo se ha vuelto loco, pero loco de remate'. No quisiera pecar de frívolo y mucho menos que pareciera que me dedico a ajustar cuentas con un asunto de calado jurídico y moral que afecta a una universidad pública de reconocido prestigio. Pero cuando leo el comunicado del sindicato nacionalista exigiendo el cese de los dos vicerrectores -un hombre y una mujer- no pude evitar pensar como aquel que ante cada nuevo caso de corrupción en el Gobierno sanchista y ante cada nueva cesión a los enemigos de España, lejos de sorprenderse apenas musita: disfruten lo votado.