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Se cumplen hoy martes tres semanas del día más terrible que recuerdan los valencianos. Una jornada en la que las lluvias torrenciales provocaron una riada que acabó con más de 200 vidas, anegó pueblos y polígonos industriales, destrozó viviendas, fábricas y almacenes y sumió a ... la provincia de Valencia, y con ella a toda España, en una situación tan dramática como inesperada. El mayor desastre natural del siglo XXI, la más devastadora inundación desde 1962, ha dejado tras de sí un territorio arrasado y una población en estado de 'shock'. Las consecuencias económicas de la hecatombe están lejos no ya sólo de ser evaluadas con exactitud sino de ser asumidas. Las derivadas son incontables y afectan a tantas personas, empresas, asociaciones e instituciones de todo tipo, así como a equipamientos e infraestructuras, que la tarea de reconstrucción aparece como un desafío gigantesco. Una labor que requerirá más que nunca de la colaboración público-privada.
Este es el escenario, conocido, sobre el que hay que trabajar. Las prioridades para los damnificados por la tragedia están claras: ayudas lo más generosas posible para poder reconstruir lo que han perdido, es decir, sus viviendas o sus negocios. Y en términos más generales, reparación de carreteras y ferrocarriles para su puesta en servicio cuanto antes, limpieza y rehabilitación de colegios e institutos, reapertura de ambulatorios... Estas son las cuestiones de las que quieren oír hablar los valencianos, de cuándo van a poder volver a utilizar el metro o llevar a los niños a su centro escolar. O qué va a pasar con la empresa en la que trabajaban, que ha perdido toda su maquinaria y tiene muy complicado poder reabrir. Pero no es éste el debate en el que están ahora mismo más interesados los representantes políticos. Que se dedican a acusarse mutuamente por la actuación del Consell y del Gobierno (a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar) durante el 29 de octubre y que a partir de los datos que se van conociendo exigen ya la depuración de responsabilidades. Cuando ahora mismo no es el momento.
Ese momento llegará. Las comisiones de investigación y la vía judicial que ya se ha abierto con las primeras demandas aseguran que las autoridades competentes que por acción u omisión no estuvieron a la altura de las circunstancias que requería un suceso excepcional como el de la DANA tendrán finalmente que asumir su responsabilidad política. Y tal vez, también la penal. Pero cuando el barro aún no ha desaparecido por completo de las calles, cuando ni siquiera ha sido posible recuperar todos los cadáveres de los desaparecidos por la riada y cuando el futuro es incierto para miles de hogares y de empresas, resulta casi frívolo centrar los esfuerzos políticos en un cambio de nombres que, insistimos, no es la prioridad que mueve a los afectados. En las primeras jornadas tras el desastre, LAS PROVINCIAS publicó un editorial ('Salomé Pradas: situación insostenible') que ponía en la rampa de salida del Consell a una consellera ausente y totalmente sobrepasada. Los movimientos en el Consell que está realizando el presidente Mazón tratan de tapar las vías de agua detectadas en su equipo con el fin de recuperar la iniciativa y liderar una reconstrucción a la que él ha ligado su futuro. Es posible, sin embargo, que no llegue a ver culminada esa ingente tarea de la que hablábamos al principio y que el curso de los acontecimientos le obligue a hacerse a un lado. Pero no es hoy el momento de forzar los tiempos, ni de centrarse en aquello que interesa mucho a la clase política -y a alguno de sus altavoces mediáticos-, pero no tanto a la ciudadanía.
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