Receta intervencionista

Si en algo parecen estar de acuerdo la izquierda y la derecha en España es que hay un problema que sufre toda la sociedad y ... especialmente los más jóvenes y que se llama vivienda. No hay suficientes pisos y los que están en el mercado alcanzan precios astronómicos, tanto en venta como en alquiler, lo que los convierte en misión imposible para los hijos que quieren dejar el hogar familiar. Frente al monumental desafío de cumplir con el mandato constitucional del derecho a una vivienda digna existen dos recetas ideológicas contrapuestas. Y ambas se han demostrado ineficaces para resolver el problema. La ultra liberalizadora lo apuesta todo a dejar que la oferta y la demanda regulen el mercado, sin apenas control de las administraciones competentes. Por el contrario, la intervencionista lo deja todo en manos del Estado, de sus leyes y de los posibles mecanismos de control a implantar para hacer cumplir las disposiciones normativas. Si la 'mano invisible' apenas ha servido para una constante subida de precios, la 'mano de hierro' gubernamental suele acabar con un retraimiento de la oferta, al temer los propietarios los efectos de las medidas anunciadas, lo que a medio plaza conduce al mismo callejón sin salida que la política contraria, al de unos precios disparados y disparatados. La vivienda tiene un componente social que no puede ser ignorado por los profetas de la economía desregulada. Como tampoco deben olvidar los defensores del centralismo económico que hay unos derechos de propiedad que en un Estado de derecho deben ser garantizados. El plan presentado ayer por Pedro Sánchez circula de forma muy evidente por la senda trazada por sus socios de la izquierda radical, que acogieron de buen grado lo que consideran un cambio de tono en las políticas del dirigente socialista, que intenta marcar distancias con las propuestas que en esta materia viene lanzando el PP de Feijóo y que, entre otros aspectos, se basan en favorecer las ventajas fiscales. Los expertos insisten reiteradamente en la imperiosa necesidad de construir suficientes viviendas. Sobre todo, de titularidad pública y destinadas al alquiler. Pero ésta no es la prioridad de los gobernantes, que recurren más a las medidas cortoplacistas y de consumo entre la clientela fiel. Más efectistas que efectivas. Y con muy escasa incidencia final en un problema en el que, de momento, no se atisba la solución. No al menos con este plan.