Responsabilidades políticas

La labor de recuperación de la provincia de Valencia no va a ser nada fácil. A pesar de las ayudas públicas, de la intervención del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la solidaridad de particulares, entidades y empresas, y de la impagable actuación de miles de voluntarios que cada día acuden a limpiar las viviendas y las calles, cargados con escobas y palas. No va a ser nada fácil porque el daño provocado por la DANA es terrible, inimaginable. Empezando, por supuesto, por las vidas perdidas, cuyo número exacto aún no es posible saber al continuar las labores de rescate de cadáveres. Y continuando por el efecto destructivo sobre propiedades privadas, fábricas, almacenes, equipamientos e infraestructuras. Así como sobre el medio natural, tanto en el parque de la Albufera como en campos agrícolas arrasados y con sus cosechas perdidas. Pero, a pesar de todo, es posible. Lo es porque los valencianos ya han demostrado en anteriores ocasiones su capacidad para volver a empezar, tanto en el 57 como en el 82. Y porque el Estado, a través de sus diferentes niveles de la Administración -central, autonómica y local- parece dispuesto a volcarse en la recuperación de un territorio de vital importancia para el desarrollo de España. Inevitablemente, el dolor por las víctimas y la pesadumbre por todo lo perdido darán paso a un impulso por regresar a la vida anterior a la terrible tarde-noche del 29 de octubre en que, de repente, la historia de Valencia cambió.

El acompañamiento a los familiares, la atención a los más necesitados y la recuperación económica deben ser las prioridades de los poderes públicos. Y de todos los sectores que de alguna forma tienen incidencia en la sociedad valenciana. No es este el momento, por consiguiente, ni del enfrentamiento político -mucho menos entre instituciones- ni de las especulaciones acerca de liderazgos que puedan verse erosionados y cuestionados por la gestión de la crisis. Resultaría casi frívolo dedicar esfuerzos a asuntos que ahora mismo son secundarios. Esto no significa que no haya que abordarlos. Tiempo va a haber para ello. Pero antes hay que honrar a las víctimas. Y despejar las vías públicas, limpiar los campos, reconstruir fábricas y carreteras, volver a poner en servicio los trenes, reabrir los comercios. Valencia sufre una especie de guerra contra un enemigo que después de arrasar todo a su paso se ha retirado, dejando un paisaje irreconocible.

Llegará el día después, el de depurar responsabilidades. Y para ello será imprescindible conocer con exactitud lo que ocurrió a lo largo de la trágica jornada. Por qué la Confederación tardó tanto en avisar a Emergencias de la crecida del caudal en la rambla del Poyo. Por qué a su vez, la Generalitat necesitó de hora y media para convertir un aviso por correo electrónico en un mensaje de móvil a los ciudadanos. Por qué el Consell se mostró tan contenido durante los primeros días para reclamar la ayuda del Gobierno, cuando era evidente que hacía falta. O por qué el Ejecutivo central no activó los mecanismos previstos en la ley para declarar el Estado de alarma o para elevar el nivel de emergencia, con el fin de centralizar la respuesta al desastre natural. Llegará ese día y los dirigentes políticos tendrán que dar muchas explicaciones. Y en su caso, asumir las responsabilidades políticas que procedan. Que sin duda las habrá, porque nadie duda de que las cosas se deberían haber hecho de otro modo. Llegará ese día, pero no debería ser hoy, ahora, en unas jornadas en las que ni siquiera ha habido tiempo para enterrar a todos los muertos. La humanidad, la sensibilidad, obliga a aplazar lo que antes o después tendrá su momento.