Sol, playa y cayucos

En una legislatura donde converge el gobierno de España, formado por el partido socialista y Sumar, con el necesario apoyo numérico del resto de partidos políticos que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez, y la mayoría de comunidades autónomas regidas por el Partido Popular, ambos, socialistas y populares, están llamados al diálogo y el entendimiento, bajo unos términos de respeto y dignidad.

Ahora bien, cuando hablamos de política migratoria podemos encontrarnos con distintas respuestas, dentro de cada orden ideológico, que podrían agruparse, atendiendo a su finalidad, en dos tipos: las políticas resolutivas, que buscan el bienestar y la convivencia; y, las políticas populistas, que persiguen un rédito político a vista en las urnas.

Nada nuevo en los últimos tiempos donde el relato fácil de masas copa a los planes con un orden cronológico de ejecución de aplicación de políticas que, en definitiva, emanan del puro sentido común y que tiene como objetivo principal el bienestar del ciudadano.

Es innegable que con el desarrollo del denominado primer mundo se requiere de la migración, especialmente para dar respuesta a dos cuestiones primordiales: una, la mano de obra necesaria para dar cobertura a los puestos de difícil ocupación y aquellos que, por la evolución formativa, no son demandados por las personas de origen; y, la otra, el envejecimiento poblacional, que interesa, por una parte, la protección de las pensiones, con el aumento de las cotizaciones actuales, y del personal cuidador, para reducir los efectos de la dependencia y la soledad no deseada.

Pero, obviamente, con una regulación generada desde la disponibilidad y disposición de las herramientas y los medios suficientes que permitan el trato digno a las personas migrantes, lo contrario nos lleva a la situación actual de saturación e imposibilidad de aplicar el respeto y la dignidad que, como decía, debe ser la guía en el diálogo entre los partidos mayoritarios sobre los que reside la resolución de la política migratoria, ejecutada sin obviar el principio de solidaridad entre autonomías, puesto ahora más entredicho que nunca con el pago del peaje de la investidura de Illa como President de la Generalitat de Catalunya.

El primer paso siempre de la mano del responsable competencial, que, en este caso, es el Gobierno de España, gestor de la migración y, por ende, el encargado de su resolución.

Sol y playa, para unos disfrute estival, para otros nada que perder.