Barcelona, 1995

Las ventajas comerciales concedidas por la UE y los Estados miembros para incrementar las importaciones agrarias de países terceros no son de ahora, se empezaron a cocer hace tiempo, a fuego lento y seguro. Y nadie hizo caso de lo que aquello acarrearía.

En aquel noviembre de 1995, España ostentaba la presidencia de la UE y organizó la Conferencia Euromediterránea, que puso las bases para la apertura comercial a toda la cuenca mediterránea, que es la lamentable realidad que perjudica seriamente a los agricultores españoles y del resto de la UE. La UE aprieta a los de casa al máximo pero deja que los de fuera produzcan libremente y luego permite que vendan aquí sin problemas lo que producen mucho más barato. Una situación de tremendo egoísmo multinacional que todos dicen que quieren corregir pero todos los gobiernos permiten. Porque interesa comprar barato lo que producen otros, y que se fastidie el vecino.

Cuando España entró en la entonces CEE (hoy UE), aceptó que los productos hortofrutícolas sufrieran un humillante periodo transitorio en el que siguieron pagando aduanas, y ante las quejas lógicas, una personalidad que conocía a la perfección los entresijos europeos, nos explicó: «El resto de Europa no dejará que sus socios de fuera estén peor que nosotros, y suerte tenemos de que no seamos nosotros los que estemos peor». Y así ha sido: carta libre para todos, fuera aduanas, exigencias para los de dentro y libertad plena para los de fuera. Ahora, las consecuencias están a la vista, pero basta releer las conclusiones de aquel noviembre de 1995 para ver que todo empezó en aquella reunión de Barcelona que presidió el español Javier Solana y que se vendió como el non plus ultra. La ingenuidad general facilitó que vendiera como un ejercicio de solidaridad internacional.