Freno fiscal a la movilidad de la tierra

En estos momentos, los agricultores profesionales (quienes cotizan a la Seguridad Social por su actividad agraria y obtienen de ésta su única o principal fuente de ingresos) cuentan con una bonificación del 99% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales si adquieren campos que incorporen a su explotación, de modo que concentren tierras para ganar viabilidad. De paso se fomenta así que se puedan salvar tierras de cultivo del abandono que prolifera por toda la geografía.

Todo el mundo coincide en que éste es buen camino para conseguir el objetivo de que las explotaciones resultantes puedan tener mejor rentabilidad futura al ganar dimensión y aprovechamiento de economías de escala. De hecho ya hay exenciones en dicha dirección que están en vigor a través de la Ley de Estructuras Agrarias, tan poco aprovechada hasta el momento. Para su aplicación en la práctica no bastó con que se aprobara en Les Corts y se publicara en el DOGV; hubo retrasos por reticencias administrativas en diversas instancias, hasta que se logró su puesta en marcha efectiva. Sin embargo, el gran objetivo buscado, inyectar movilidad al mercado de la tierra, sigue cojo por la ausencia de otras ventajas fiscales aplicables por el lado del vendedor.

Lo que propone Mazón mejora algo lo que ya hay para el comprador, pero mantiene vigente la cojera fiscal por la parte vendedora, porque este territorio no es cometido exclusivo de la autoridad autonómica, sino que depende del impuesto de la Renta y de la competencia del Estado, que no mueve ficha ni con gobiernos de izquierdas ni con los anteriores de derechas.

Además de la bonificación del 99% en Transmisiones, Mazón propone bajar el impuesto de base al 3% y 1%, según casos, lo que quizá aumentaría el número de compradores potenciales, pero el ahorro adicional ya quedaría en cuantías modestas, mientras seguiría pesando más la negativa a vender de quienes se encuentran con que deberían pagar a Hacienda buena parte de lo recibido por la venta.

Como ha venido a recordar AVA, la pretendida movilidad de la tierra se ve frenada sobre todo por el impuesto a la supuesta ganancia de quien vende un campo. En gran mayoría de casos se trata de propiedades que datan de hace décadas y figuran en las escrituras con valores muy bajos, los de aquella época. Como se entiende que la diferencia entre el valor de venta y el de partida es beneficio, el vendedor se encuentra con que buena parte de lo que ha de cobrar por la venta se le va en impuestos, por lo que a última hora decide no vender. Ya pueden proliferar ventajas y buenas intenciones por el lado comprador, que no llevarán lejos si no se actúa a la vez con incentivos que quiten frenos y estimulen a que venda quien ha decidido dejar de cultivar.