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En paralelo a la presentación de fuertes beneficios de bancos y compañías energéticas, desde el Gobierno en funciones nos recuerdan que esas ganancias extraordinarias avalan ... la implantación del impuesto especial que las grava, que en un año ha supuesto una recaudación extra de 2.908 millones de euros
Tiene toda la lógica del mundo: a mayores rendimientos, mayores impuestos. Las cifras parecen dar la razón a los gobernantes ante la opinión pública, que ya viene bastante sensibilizada frente a la imposición de cataratas de comisiones bancarias, intereses muy altos para los préstamos y muy cortos para los depósitos y elevados costes energéticos.
Sin embargo las cosas podrían discurrir también de otra manera, si las voluntades políticas se basaran en otros criterios. Por ejemplo, ante la evidencia de unas prácticas que propician esos beneficios extraordinarios que se cuestionan desde el poder, y por eso se gravan con impuestos extraordinarios, cabría reducir la cuestión. Podrían aprobarse normas que frenaran esos mismos beneficios controvertidos por la vía de regular diferenciales de intereses, poner coto a las comisiones abusivas o sin criterios razonables a cambio de servicios concretos, y, en la parte energética, tanto en las tarifas eléctricas como de gas, acotar y reducir precios y peajes.
Consideremos un ejemplo práctico que ilustra cómo una compañía eléctrica puede ir sumando beneficios extraordinarios en aplicación de la normativa vigente. Una factura de consumo eléctrico en un bombeo de riego agrícola con instalación fotovoltaica de autoconsumo y vertido a red de excedentes. La compañía cobra los kw/h suministrados al cliente a un precio que es 4'6 céntimos superior al que le compensa por la energía que tiene derecho a compensación, que sólo es una pequeña parte del total. En la misma factura se detalla que ese mes hubo más de mil kw/h excedentarios, pero «la compensación de excedentes está limitada por el valor de la energía facturada», de acuerdo con el RD 244/2019. O sea, la eléctrica se lleva gratis muchísimos kilovatios generados por otros, a quienes incluso les acaba cobrando parte de los que ellos mismos generan.
De acuerdo con que no tienen igual precio las patatas en el campo que en la tienda, pero no tiene sentido que no le abonen todas las patatas a quien las produce. A lo mejor si cambiaran las reglas no habría tantos beneficios exagerados a costa del ciudadano de a pie. Claro que tampoco recaudaría el Estado los correspondientes impuestos extra. Al final, la rueda habitual: los paganos somos los del escalón general. Pero que conste que lo sabemos.
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