Una ley ineficaz

Llama la atención la amplia coincidencia entre partidos que apoyan al PSOE (ERC, Sumar, Bildu, BNG, PNV, Coalición Canaria...) a la hora de calificar la actual ley como ineficaz, mientras el PSOE encaja la discrepancia y hace como que sigue la cuerda, cuando el propio ministerio y todo el Gobierno no han dejado de ensalzar en los últimos años las supuestas virtudes de la normativa, en contra de las opiniones de los afectados del sector agrario, que viene calificando de inútil. Y en eso coinciden ahora los partidos que apoyan al PSOE, al destacar que no ha servido para erradicar las prácticas comerciales abusivas que a menudo sufre el campo, ni se ha conseguido que mejoren los precios y la rentabilidad en origen. Señalan que, por el contrario, «agricultores y ganaderos son cada vez más pobres» y «no se han conseguido los efectos que se esperaban».

La intención es lograr «una ley más eficaz», y para ello destacan en la propuesta de reforma estos puntos: que el Ministerio de Agricultura elabore por fin indicadores de costes de producción de cada artículo o cultivo, para que así se tengan en cuenta en los contratos; y, en consecuencia, que se prohíban de verdad las ventas a pérdidas, incluyendo la novedad de prohibir también las reventas (¿?).

Pero hay un punto que mueve a desconfiar sobre el resultado final (aparte de la permanente vigilancia de Competencia sobre todo aquello que huela a fijar precios mínimos). Sumar defiende «acabar con las ventas a pérdidas y conseguir una rebaja en los precios para el consumidor». Imposible cumplir ambas cosas a la vez. Vender a pérdidas equivale a vender por debajo de costes; o sea, más barato; pero si se quiere evitar eso de verdad, pagarán más los consumidores. Redondo y cuadrado al mismo tiempo no podrá ser.