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La Orden publicada el pasado día 23, con nuevas ayudas para aquellas parcelas agrarias gravemente afectadas por la dana del 29-O, va a traer ... cola. Contempla, básicamente, dos tipos de ayudas. Uno, de entre 5.200 y 9.900 euros por hectárea, según grado de afección, para los propietarios que quieran proceder a limpiar y arreglar los desperfectos por su cuenta, después de medio año de esperar a Tragsa, puesto que es tanta la tarea pendiente que probablemente aún tendrían que aguardar más en cola. De esta manera, quien tenga medios e iniciativa, puede proceder a realizar lo necesario y le dan el importe correspondiente. Quienes no quieran o no puedan hacerlo, no pasa nada, seguirán en cola y, cuando les llegue el turno, Tragsa procederá a actuar como estaba previsto.
Hasta ahí, tal y como se había pedido desde el propio sector afectado, donde AVA concretó esta posibilidad, que ahora ya está formalmente en vigor.
La segunda medida es la que puede traer más polémica, por su aparente ambigüedad y la exigua cuantía de la ayuda, fijada en 11.800 euros por hectárea para compensar a los titulares con «parcelas que, por su proximidad a un cauce público (BOE), hayan sido gravemente afectadas, de modo que hayan perdido, aunque sea parcialmente, las características propias de una parcela agraria, y hayan devenido demaniales ex lege, de forma total o parcial, conforme a la cartografía realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco de sus competencias, sin perjuicio de la posterior tramitación de los correspondientes expedientes para pasar formalmente a ser Dominio Público Hidráulico».
Se entiende que si hay que reponer a su estado original campos completamente arrasados por la riada, costaría fortunas, manteniéndose el mismo riesgo, por lo que interesa a los dueños evitar peligros y sustituir lo perdido por nuevas adquisiciones, y a la Administración, ahorrar dinero y ganar espacio para los cauces. Pero 11.800 euros por hectárea de regadío parece poca cosa, y no se sabe bien si pasar a ser dominio público hidráulico es una expropiación encubierta o el dueño sigue siendo dueño, y en cuyo caso para qué. Por tanto, estos aspectos merecen más claridad.
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