El Consistorio nunca informó a la Junta Central de la instalación de otra barraca

Aunque estaba previsto que se entregase ayer, la Junta Central de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina todavía no tiene terminado el recurso contra el decreto, firmado el pasado 23 de mayo por el concejal de Urbanismo, mediante el que se aprueba la instalación de una cábila festera ajena a este colectivo que es el que se encarga de la organización de los desfiles que cada mes de julio recorren las calles de la ciudad. A la espera de contar con toda la documentación necesaria para defender sus argumentos, este recurso, como avanzó La Verdad el pasado sábado, se fundamenta en la ausencia de un informe de la Concejalía de Festividades como departamento municipal que en otras ocasiones, sin ir más lejos el año pasado, no recomendó la instalación de esta barraca por ser el colectivo que preside Antonio Manuel García Alcocer el que solicita de forma habitual en bloque la colocación de los cuarteles de las dieciocho comparsas que lo componen.

Al margen de esto, según pudo saber este diario, otro de los argumentos que se aportarán se basará en el hecho de que en ningún momento durante la instrucción del expediente que terminó en el polémico decreto, y pese a ser parte interesada, se haya informado o dado trámite de audiencia a la Junta Central para que este organismo tuviera la opción de mostrar su opinión con respecto de la implantación de un colectivo ajeno a ella durante los días de Moros y Cristianos, asociación que incluso solicitó por Registro el 29 de mayo el permiso para la realización de pasacalles por las calles de la ciudad en esas fechas.

La ausencia del trámite de audiencia ha llevado al Ayuntamiento oriolano, en los últimos tiempos, a tener que claudicar con cambios previstos como el de los mercados, que pese a estar preparado se recurrió por la vía contenciosa y se paralizó, apenas unos días antes de que se hiciera efectivo, en los juzgados. El motivo fue el no haberse dado un plazo para escuchar a los afectados por esta medida. Así las cosas desde la asociación de fiestas están dispuestos a jugar todas las bazas posibles para que no se siente un precedente, dado que creen que de instalarse un colectivo ajeno a la asociación se abre la veda para que otros hagan lo propio y se favorezcan, con la venta de comida y bebida, de la inversión que se realiza desde las comparsas cada año, un dinero que el presidente de la Junta Central cifró hace unos días en dos millones de euros.

Desde el primer momento la Junta Central consideró que dado que la ocupación de vía pública en Moros y Cristianos para aquellos que acuden a la ciudad a lucrarse con la venta de distintos productos se paga, con este colectivo debería considerarse el cobro del espacio que use al no estar integrado en la asociación festera, y se rechazó igualmente que el Ayuntamiento instale un escenario y aseos químicos a una barraca que según lo aprobado se instalará junto a la comparsa de la que se escindieron hace ahora seis años.