Un empresario de la costa recurre la adjudicación de los chiringuitos

Si alguien pensaba que las quejas por la adjudicación de los servicios de temporada en las playas habían terminado estaba muy equivocado. Un empresario del litoral, el mismo que inició un contencioso contra el pliego de condiciones mediante el que se rigió este concurso, ha presentado otro recurso en el que se solicita su nulidad. Raúl Fernández alega, como ya hizo antes, que el hecho de que se exigieran certificados de calidad ISO 9001 y 14001 así como la Q de Calidad Turística como requisito indispensable para concursar «supone una flagrante discriminación» dado que para tener ambos sellos es necesario contar con infraestructuras del mismo tiempo en funcionamiento, siendo además la mercantil que resultó adjudicataria la primera del sector certificada con ambos, algo que indica que aparece en su página web.

Por otra parte asegura el recurrente que el plazo que se dio de veinte días no era suficiente para presentar un proyecto, «por lo que se favorece de forma evidente y clara a la única empresa que ya tiene confeccionado dicho proyecto». En este punto se pide la nulidad del procedimiento de licitación, aunque en el segundo del recurso se considera necesario que se anule la adjudicación a la mercantil a la que finalmente el Ayuntamiento dio el servicio. Como ya se manifestó en su día tanto por parte de los empresarios que se presentaron al concurso como por algunos grupos de la oposición, la empresa debía en torno a un millón de euros al Consistorio, lo que afirma en su escrito el empresario que era motivo para no darle el servicio porque el propio pliego de condiciones recogería expresamente que el futuro adjudicatario manifestara en su declaración responsable que no tenía deudas con el Ayuntamiento de Orihuela.

Asimismo afirma que el Ayuntamiento actuó de forma «perjudicial y lesiva» para las arcas municipales no solo por no reclamar en su momento la deuda de la empresa sino que explica que el importe que se ingresará se ajusta a lo mínimo fijado en el pliego. Este documento indicaba una cantidad mínima de 350.086,40 euros y se adjudicó con un canon de 363.000, cuando según el recurrente, quien aporta un acta notarial que lo acredita, hay al menos una oferta de otra empresa que habría supuesto un ingreso anual para el Consistorio de 657.325 euros.