El Consorcio recibe el informe que apoya la anulación del Plan Zonal

El Consorcio del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja recibió ayer el informe de la Universidad Carlos III de Madrid que avala la anulación del contrato de adjudicación a Cespa-Ortiz. La junta de gobierno del órgano supramunicipal se reunirá en los próximos quince días para votar una propuesta que secunde su aprobación y puedan empezar los trámites para rescindir el contrato.

Los alcaldes de la comarca se reunieron antes de Semana Santa para solicitar este informe imparcial a un especialista en la materia como es el catedrático de Derecho Administrativo, Luciano Parejo, que ha tardado cerca de tres meses en elaborar el análisis de la situación jurídica. No obstante, este documento no es vinculante porque el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana deberá elaborar un dictamen que si será preceptivo.

Así las cosas, la secretaría general del Consorcio deberá traducir el informe en una propuesta que votarán los miembros de los ayuntamientos junto a los delegados de la Conselleria de Medio Ambiente y de la Diputación Provincial. Se prevé que esta cita se convoque para antes del mes de agosto con el fin de poder contar con todos los miembros que tienen derecho a voto. En cualquier caso, lo más lógico es que todos los representantes municipales apoyen la propuesta puesto que solicitaron este informe externo. Así, desde el Consorcio todavía no detallarán los pormenores del texto del experto hasta que todos los alcaldes conozcan su contenido. Los regidores de las 27 localidades, a excepción del Consistorio oriolano, se alzaron en contra de las exigencias de Cespa Ortiz que quiso comenzar a cobrar por derivar la basura a los vertederos autorizados de la provincia de Alicante. Esta exigencia se realizó sin que la adjudicataria hubiera desembolsado un euro en la construcción de una planta de transferencia de residuos en Cox y el vertedero que presentó para tratar los residuos en Albatera.

Desde el grupo socialista en la Diputación Provincial se aseguró que la tardanza en conocer el proyecto residía en una estrategia política del PP. El diputado Raúl Valerio Medina valoró que «por el momento no interesaba acelerar el proceso de rescisión del contrato».