Los ediles del PP imputados defienden que las obras tenían el visto bueno de los técnicos

Segunda ronda de declaraciones en los juzgados de Orihuela de ediles y exconcejales del Partido Popular imputados por presuntos delitos de prevaricación y aprobación de facturas de diversas áreas municipales con reparos de Intervención. Tras el paso el lunes de la presidenta de los populares oriolanos, Pepa Ferrando, y ex responsables municipales como Manuel Abadía, que estuvo al cargo del área de Infraestructuras, o el exedil de Hacienda, Antonio Lidón, ayer le tocó el turno a uno de los concejales que lo fue todo en los gobiernos populares oriolanos, Antonio Rodríguez Murcia.

El que fuera responsable de la concejalía de Alumbrado Público acudía imputado por un delito de prevaricación continuada tras la denuncia de la socialista Antonia Moreno, por haber llevado a diversas juntas de gobierno facturas por servicios de iluminación en pedanías que fueron adjudicadas siempre a las mismas empresas, con un montante global de 240.000 euros. Rodríguez, ahora apartado de la actividad pública, se ciñó al guión de sus compañeros de filas y también se negó a responder a las preguntas de la letrada del PSOE, Fanny Serrano. Tuvo que declarar por haber ordenado el pago por siete actuaciones en media docena de partidas rurales como Media Legua, Arneva, Virgen del Camino o Hurchillo, además de otras en barrios como San Antón o la Plaza de San Sebastián.

El Ministerio Fiscal se mantuvo en las tesis primeras de que según los indicios hubo fragmentación en numerosos contratos del alumbrado y entiende que usar el procedimiento negociado sin publicidad, con invitación a tres empresas que en ocasiones siempre eran las mismas vulnera la Ley de contratos. Así mismo la acusación sostiene que en muchas de las actuaciones no consta en los expedientes el informe de Intervención.

Rodríguez apeló a que todos los contratos realizados tenían las memorias de los técnicos municipales en regla y destacó que el procedimiento «es el mismo que ellos siguen ahora porque donde hace falta se hacen las obras», en alusión al bipartito. Respecto del fraccionamiento aseguró que no se podía hacer un concurso público para adjudicarlo porque eran actuaciones «en diversas pedanías», y calificó su imputación de «ganas de dar trabajo a los juzgados de aquellos que les molesta que tengamos más votos que ellos». En su descargo dijo que los juzgados tienen toda la documentación «y se verá que todo se hizo de forma correcta».

Por otro lado, José Antonio Aniorte, que fue responsable del área de Costa, y que sigue en activo, tuvo que responder al fraccionamiento por diversas obras de asfaltado en viales del litoral y la creación en diversas urbanizaciones de parques infantiles, siempre adjudicados a la misma empresa de jardinería. A juicio del fiscal todas son actuaciones en la misma zona y ve fraccionamiento o que no consten invitación a empresas para su realización. Aniorte dijo que siempre se ha destacado en su labor en el gobierno municipal por trabajar por el municipio y que en sus once años de responsable firmó muchas de ellas, además de insistir que todas las obras contaron con el beneplácito de los técnicos municipales.