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JUAN DIEGO ROCAMORA
Jueves, 31 de julio 2014, 01:03
El Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela acogió ayer las últimas declaraciones de los concejales y exediles del Partido Popular, imputados por presuntos delitos como fraccionamientos de contratos municipales o aprobación de facturas con reparos del área de Intervención. Ayer le tocó el turno a los ediles del PP, Antonio Rodríguez Barberá y José Manuel Cutillas, y el exconcejal, Antonio Ortiz.
El exedil de Urbanismo y miembro actual de la oposición, Antonio Rodríguez Barberá, negó que hubieran irregularidades en el fraccionamiento de contratos. En concreto Barberá se refirió a dos obras ejecutadas en el año 2008 en la pedanía de San Bartolomé, un edificio de la Tercera Edad y la Casa de la Música, por un importe de cerca de 30.000 euros cada una.
Barberá dijo que «he explicado el desarrollo de los dos expediente y aclarado que ambos están perfectos y con arreglo a la Ley de Contratos». El exedil de Urbanismo afirmó que «no hay ningún tipo de fraccionamiento de expedientes, ya que un contrato es la dirección facultativa de la obra y otro es la dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud». Barberá aseveró que «son dos objetos distintos y por lo tanto tienen que ser dos contratos diferentes».
El edil del PP achacó al equipo de gobierno que «en la actualidad ellos hacen lo mismo ya que han aprobado a lo largo de la legislatura facturas con reparo e incluso fraccionamiento de contratos». El concejal afirmó que «hacerlo no es una ilegalidad sino una irregularidad administrativa que se salva con la aprobación en Junta de Gobierno Local y después se da cuenta al Pleno». Barberá añadió que «el abogado ha pedido el archivo de la causa».
Por otro lado, los otros dos imputados se acercaron previamente a los juzgados para hacer sus declaraciones. José Manuel Cutillas, quién fuera concejal de Agricultura, Agua, Juventud y Mercados, explicó que «los servicios prestados durante mi concejalía contaban con la aprobación de los técnicos, de los que siempre he ido de la mano puesto que no soy una persona jurídicamente preparada y lo que me han aconsejado lo he hecho».
El exedil de Sanidad y Educación y actualmente fuera de la política, Antonio José Ortiz, se personó en los juzgados por una relación de facturas relacionadas con la limpieza de los colegios y centros de salud, el transporte escolar y el mantenimiento de las calderas de los colegios. Ortiz afirmó que «los servicios ascienden a 250.00 euros y he justificado todas las actuaciones que hice con la aportación de toda la documentación que no aparecía en el expediente que se nos entregó».
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