El TSJ impide al bipartito la demolición de las cocheras en la gasolinera de Capuchinos

La demolición de las cocheras de la antigua gasolinera de Capuchinos encendió ayer un poco más la mecha de la crispación entre el Partido Popular y el bipartito como consecuencia de la comparecencia del portavoz adjunto de los populares oriolanos, David Costa, que aseguró que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha aceptado la medida cautelar de los propietarios de esta instalación industrial en desuso para impedir que el Ayuntamiento las derribe por el momento. El extremo fue desmentido de forma rápida por el alcalde accidental y concejal de Urbanismo, el socialista Antonio Zapata, quien acusó al representante del partido de la oposición de «mentir o no saber leer lo que dice la sentencia».

La polémica vino condicionada por la afirmación de Costa de que la sala de Lo Contencioso del alto tribunal valenciano ha aceptado el recurso de los dueños de la gasolinera para que la administración local no pueda tirarlas abajo, lo que le sirvió para arremeter contra el equipo de gobierno de socialistas y Los Verdes, a quienes acusó de haber engañado a los vecinos del barrio del Rabaloche y prometerles que las echarían abajo, tras una demanda del año 2010 cuando la Asociación de Vecinos del Rabaloche Oriol denunció por la vía penal al entonces equipo de gobierno del PP por no proceder a la demolición de las instalaciones de las cocheras en la zona.

El representante del partido de la oposición fue duro con el recordatorio de los hechos y reprochó que por aquel entonces los concejales socialistas «se paseaban por el barrio a hacerse la foto con los representantes de la asociación que demandaban el derribo de las instalaciones» e insistió en que articularon una demanda contra los populares, por aquel entonces en tareas de gobierno, por dejación de funciones y prevaricación.

De igual forma Costa aseveró que al poco de acceder a la Alcaldía el ecologista Monserrate Guillén «volvió a decir al vecindario que el compromiso del nuevo equipo de gobierno tras su asalto al poder era seguir adelante con la demolición» y también que en uno de los primeros plenos de la legislatura, en octubre del 2011, «Zapata dijo que se comprometía a echarlas abajo en quince días, pero el tiempo ha pasado y las cocheras siguen ahí», espetó. El popular dijo que toda esta sucesión de hechos no es otra cosa «que una mentira más a las que nos tienen acostumbrados porque ahora el TSJ dicta medidas cautelares, y saben que no podrán tirarlas y se quedarán en el barrio».

La demolición de las cocheras de Capuchinos sirvieron al concejal popular para echar en cara al gobierno bipartito que los ediles «que iban a sacar del olvido a este barrio con su renovación se han olvidado de la gente, y ya no salen ni de los despachos». Costa aprovechó la ocasión para recordarle al primer edil accidental que este hecho se suma a la no convocatoria del Pleno del pasado agosto, que debía celebrarse este pasado miércoles, en el que los populares querían darle el visto bueno al cambio de inversiones de la Generalitat para poder hacer el centro de salud en vez de la ampliación del Ayuntamiento».

Por su parte el equipo de gobierno se apresuró a enviar un comunicado en el que desmiente las afirmaciones de los populares. En él el primer edil, Antonio Zapata, acusó a Costa «de no haberse leído la sentencia íntegra o mentir de forma deliberada» y aseguró que la sentencia le da la razón al Ayuntamiento para seguir con la orden de demolición.

Asimismo el mandatario municipal dijo no saber a qué intereses responde la defensa que hace el PP de las cocheras de Capuchinos «y ponerse del lado de unos infractores que han hecho con estas instalaciones lo que les ha dado la gana».