El Consejo Jurídico Consultivo tutelará la rescisión del contrato de la basura comarcal

No hubo más sorpresa que los intentos de darle picante al debate sobre el inicio de la resolución del contrato de eliminación de residuos de la comarca con la UTE Cespa-Ortiz. Los miembros del Consorcio de la Vega Baja votaron ayer en Junta de Gobierno, casi por unanimidad, este primer paso que acabará con una resolución del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana. Aunque para llegar a las votaciones la bancada de miembros socialistas reclamó poder examinar el informe jurídico encargado por la Conselleria de Medio Ambiente y al que no han tenido acceso.

Este tercer documento aconseja resolver la contrata de la basura por incumplimiento del convenio y secunda a los informes de las universidades Carlos III y Jaime I. Ambos concluyen que la adjudicataria no cumple con el contrato, por lo que el proceso de resolución comenzó con la propuesta de incoar el procedimiento.

Ahora la UTE tendrá dos meses para presentar alegaciones a esta decisión administrativa. Una vez acabe el plazo la Secretaría del Consorcio realizará un expediente completo que enviará junto al informe jurídico de la Universidad Jaime I al Consejo Jurídico Consultivo, que deberá emitir un dictamen para que los miembros de la entidad consorciada tomen una decisión final.

A pesar del aparente acuerdo entre todos los representantes de los municipios se pudo comprobar cómo los alcaldes y concejales socialistas mostraron su rechazo a que la decisión «se tome dos años después de que la pidiéramos», censuró Manuel Pineda. El secretario comarcal del PSOE quiso remontarse a antes de la adjudicación definitiva del contrato valorado en más de 100 millones de euros. Pineda dijo que se habían perdido dos años y reclamó «un proceso limpio y que no deje lugar a la duda».

Por su parte, la presidenta del Consorcio, Luisa Pastor, valoró que desde que entró al frente de la gestión de este órgano «todo se ha hecho paso a paso y hemos cumplido en todo momento la legalidad, lo que nos permite hoy adoptar esta decisión sin tener que arrepentirnos», en clara alusión a obedecer a la sentencia del Tribunal de Lo Contencioso. La representante de Diputación hizo hincapié en que «nos estamos jugando muchas cosas, hemos esperado que la empresa incumpliera para dar los siguientes pasos» precisó.

El representante de Orihuela, Manuel Gallud, argumentó su voto de abstención desde la base de que los dos informes jurídicos «se contradecían en algunos párrafos». El único representantes de Los Verdes en el Consorcio denunció que «se ha trazado un plan completo para esta resolución». Por ello, reclamó que la secretaria redacte otro informe jurídico, al tiempo que exigió ver el documento de la Conselleria de Medio Ambiente que también abogaba por anular la adjudicación. El concejal oriolano exigió un receso de la reunión para ver este informe de la Abogacía del Consell, pero Pastor consideró que «lo que quiere hacer es dilatar el proceso», puesto que ese análisis jurídico coincidía en las conclusiones. En cualquier caso la secretaria del Consorcio adelantó que su expediente final se va a apoyar en el dictamen de David Blanquer.

El diputado de Medio Ambiente, Javier Sendra, recriminó a la bancada socialista que «dejara el juego político porque se ha acabado, la empresa ha incumplido y por primera vez se tratan los residuos de manera correcta gracias a la solidaridad de otros consorcios». El PSOE solicitó, además, que se debata su propuesta sobre Participación Ciudadana, una petición que Sendra aseguró que se llevará a cabo «una vez se resuelva este proceso y se tenga que elaborar un nuevo pliego de condiciones».