La exalcaldesa se aferra a que la Villa Olímpica contó con aval de los técnicos

La titular del juzgado de Lo Penal Número 1 de Orihuela comenzó ayer la toma de declaraciones de los diversos imputados en el proceso que se sigue por haber permitido que un complejo de 98 viviendas destinado a crear una Villa Olímpica para deportistas terminasen como casas de particulares.

En las cuestiones previas a la toma de declaración de la exalcaldesa del PSOE, Trinidad Martínez, su defensa intentó que el caso fuese juzgado por la Audiencia Provincial por la acumulación de penas y el cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal del 2003, ya que entendió que los hechos son anteriores, una causa por la que el fiscal pide dos años de cárcel y otros diez de inhabilitación para ejercer cargo público por delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación de territorio, pero fueron rechazadas por la magistrada.

Una vez en la fase de declaraciones Martínez se aferró en reiteradas ocasiones durante el interrogatorio del Ministerio Fiscal a que todas las cuestiones que pasaban a la Junta de Gobierno que presidió en su primer paso por la Alcaldía, en los años 2001 y 2002, contaban con el visto bueno de los técnicos. En el primer encontronazo la acusación le recordó que hubo un primer informe desfavorable y que en otro posterior se le dio el visto bueno, pero la ex primer edil sostuvo que desde el primer momento a la JGL llegaban los expedientes con el beneplácito de los responsables técnicos del Consistorio de que la obra cumplía con el Plan General, y el dictamen favorable del secretario. Sobre el segundo informe apeló a que hubo un cambio de técnicos municipales y que por eso hubo dos, y que en ningún momento tuvo intereses particulares en la construcción, además de sostener que lo que aprobaron fue una residencia para deportistas.

Una de las cuestiones en las que incidió el fiscal fue que hubo denuncias vecinales presentadas ante el Consistorio alertando de que en el complejo había a la venta apartamentos para particulares, con carteles incluidos, y Martínez alegó que se ha enterado en la fase de instrucción de los mismos. Incluso llegó a asegurar que nunca ha estado en la Villa Olímpica, lo que motivó que el fiscal le inquiriese sobre el hecho de no haber mandado a la brigada de disciplina urbanística a corroborarlo. De igual modo la interpeló sobre otra cuestión como fue una modificación del PGOU en el 2008 para dar validez a las actuaciones y la exalcaldesa dijo que se consultó con el redactor de este sobre si la licencia cumplía con el planeamiento urbano.