Diputación retira el apoyo jurídico a la MPE por la falta de entendimiento

La disolución de la Mancomunidad de Promoción Económica (MPE) de la Vega Baja aún colea. La falta de acuerdo entre los miembros de la entidad ha ocasionado que la Diputación Provincial abandone el servicio de abogacía que le prestaba, por lo que el gasto de liquidación todavía va a incrementarse más a los municipios miembros, tal y como se les comunicó en el Pleno del pasado miércoles. El Ayuntamiento de Redován considera que desde el 2012 se encuentra fuera del ente mancomunado, mientras que la comisión liquidadora piensa que debe abonar 17.000 euros más, un asunto que se resolverá en los juzgados.

El equipo de gobierno redovanense no ha acudido a las últimas sesiones y puso un recurso contencioso administrativo para dilucidar desde cuándo no pertenece al mismo. Por su parte la comisión liquidadora ha recurrido esta acción judicial con un recurso de reposición rente al contencioso interpuesto «en contra todos los ayuntamientos integrantes», recuerda el presidente de la comisión liquidadora, Antonio Tomás Mateo.

Este recurso solicita la inadmisión a trámite ante la falta de requisitos previos, alegación y acreditación, errores en la identificación de la administración demanda e inadecuación de procedimiento. Bajo estos argumentos jurídicos prevén que la salida de Redován no se haga efectiva, al igual que ha sucedido con otros municipios que intentaron abandonar la institución mucho antes, pero que no pudieron porque no habían saldado sus deudas.

En este caso, en la última sesión presidida por Mateo se dio traslado a los municipio integrantes que los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante no van a prestar su apoyo en el proceso laboral que mantiene abierto una extrabajadora. El departamento de la institución provincial se abstiene de la ayuda que prestaba en este proceso tanto a la entidad MPE como a varios ayuntamientos de la comarca porque «entiende que no existe una posición unánime entre los municipios y la MPE», manifestó el actual dirigente. Por ello, se aprobó la contratación de otros letrados que representen a la entidad en este proceso.

En otro orden de cosas, el transcurso de la fase de saneamiento y reducción de deuda de la entidad continúa como se acordó el pasado verano. Mateo aseguró en un comunicado que «este proceso ya no tiene vuelta atrás, los seis meses del periodo de liquidación comenzaron el pasado mes de septiembre y cuando acabe se procederá a una distribución del patrimonio residual y la liquidación definitiva».

Así, el ente mancomunado ha girado a los ayuntamientos afectados las cuotas liquidadoras provisionales por un importe superior al millón de euros. Además, reclama las cuotas pendientes del ejercicio 2012 y anteriores a los ayuntamientos deudores por importe de 386.000 euros.

Cada uno de los municipios afectados tiene la posibilidad de hacer frente a su cuota de liquidación mediante un pago directo o a través de un préstamo bancario. El porcentaje va en función de la población que tiene cada localidad y de las cuotas atrasadas que mantiene. La partida de mayor cuantía es la relativa a las indemnizaciones a los trabajadores (600.000 euros).