Medina reitera que la querella del PP de los seguros agrarios fue «un montaje»

Los exalcaldes de Bigastro, Raúl Valerio Medina, y José Joaquín Moya, declararon ayer en el Juzgado Numero 1 de Orihuela por un presunto fraude a la Seguridad Social Agraria en favor de medio centenar de afectados. Medina testificó que la regidora, Charo Bañuls, había orquestado «un montaje con fines políticos» a la hora de presentar esta denuncia, que también atañe «a muchos vecinos». El socialista asegura que quedó demostrado que el gobierno local «ocultó a sabiendas» pruebas de que los contratos de peones agrarios estaban firmados de manera correcta y diferentes facturas.

La llegada al Palacio de Justicia de los antiguos munícipes se adelantó a las 9.30 horas. Moya no quiso realizar ningún tipo de comentario al respecto y se quedó al margen de todo el asunto, mientras que Medina, todavía en activo en la vida pública, preveía unas declaraciones breves, pero que se alargaron a pasado el mediodía. En cualquier caso, para los imputados por este caso quedó claro que «el Ayuntamiento disponía de competencias para contratar a peones agrícolas», expuso el diputado provincial, en contra de lo que refleja el informe de la Inspección Técnica de Trabajo, que dio origen a cursar una sanción al Ayuntamiento de 60.000 euros. La defensa de los imputados va a exigir que esta infracción se retire una vez queda patente que el Consistorio estaba habilitado para este tipo de contratos.

Y así lo hizo entre 2002 y 2011 cuando varias cuadrillas de trabajadores explotaron unos huertos de cítricos de titularidad municipal. Por estos trabajos se facturaron unas ganancias «demostradas de entre 15.000 y 20.000 euros», comentó el concejal socialista, quien apuntó que «se pagaban las nóminas mediante una relación de puestos laborales».

Para los acusados no existe caso alguno puesto que el pago de nóminas «no era nominativa» y que siempre se abonaron los trabajos realizados. De la argumentación de Medina se desprende que «en ningún momento se ordenó que se eliminaba el pago a algún trabajador». La acusación por delitos de falsedad en documento público, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y exacción ilegal radica en que se iniciaban las altas, afiliaciones, cotizaciones y pagos de las cuotas de la Seguridad Social Agraria a vecinos sin haber justificantes legales. Unos documentos que según Medina se encuentran custodiados en la Casa Consistorial.

Por otra parte, el PSOE de Bigastro emitió un comunicado que afirma que el concejal de Hacienda, Antonio González, «reconoce ahora que en el 2009 se abonaron los seguros correspondientes al periodo 2002-2009».

Para los socialistas los responsables políticos contaban con la información correcta, pero «la ocultaron y no se facilitó a la Fiscalía hasta que el juzgado la requirió». Asimismo aluden a que hubo un informe de la Seguridad Social sobre las cotizaciones que «confirma que en 2009 Medina pagó dichas cotizaciones junto a las del Régimen General, para conseguir así el aplazamiento de la deuda».

El PSOE acusa a Bañuls de intentar alargar el procedimiento con la solicitud del abogado del Ayuntamiento para que acudan a declarar varios funcionarios municipales a los que trata de «implicar en la falsa red de agrarios». En este sentido el exalcalde considera que «se busca montar la denuncia más llamativa posible».