La juez imputa al primer edil por la adjudicación de las fiestas de La Marina

El alcalde de San Fulgencio, el popular Carlos Ramírez, tendrá que pasar por los juzgados de Orihuela como imputado por un presunto delito de prevaricación y fraude por la adjudicación de la realización de las fiestas de la urbanización La Marina en el año 2011.

La titular del juzgado de Instrucción Número 1 ha dado curso a la petición del fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, en la que este pide que el primer edil declare en marzo, que con él lo hagan asimismo la concejal de Fiestas, Concepción Castell, y también Juana Rosalía Mora, asesora del concejal de Urbanizaciones Jeffrey Wiszniewsky, que ya tuvo que acudir a declarar en la misma causa también en calidad de imputado en noviembre del 2013.

La Fiscalía quiere esclarecer presuntas irregularidades con la licitación de los contratos para las fiestas de ese año y el siguiente, y en el escrito dice que «se evidencian en el hecho de que cierta información sobre el programa de fiestas y actuaciones fueron publicadas en páginas web que podrían estar vinculadas al Ayuntamiento antes de que se hubiera procedido a la adjudicación de los contratos». Entiende el ministerio fiscal que estos hechos «convertiría los procedimientos administrativos de adjudicación contractual en actos claramente prevaricadores».

La denuncia fue interpuesta por los concejales de la oposición del PSOE y Apsfu y la acusación recuerda que del análisis de la documentación aportada por estos «se puede comprobar que cierta información sensible, como la identificación del adjudicatario cuando el procedimiento de contratación estaba en trámite, fue publicada en la web de la Concejalía de Urbanizaciones». De Wiszniewsky refleja el texto remitido a la juez que era miembro tanto de la Junta de Gobierno como de las mesas de contratación que procedieron a la adjudicación del contrato».

De igual forma relata el fiscal que «se evidencia claramente cómo en el año 2012, además de la adjudicataria, se realizaron ofertas a dos empresas representadas por la misma persona, lo que permite inferir que realmente era una misma mercantil, lo que sería una evidencia más de lo fraudulento del proceso». Además de los cargos municipales por el juzgado oriolano tendrá que pasar también como imputado el representante de la empresa que resultó ganadora del proceso de adjudicación de los contratos de servicios