El juzgado confirma la nulidad del Pleno de organización del Consistorio

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche que dictó sentencia sobre la nulidad del Pleno de organización del Ayuntamiento de Bigastro, el que se celebra cada inicio de legislatura y en el que entre otras cosas se establecen los sueldos de los concejales, ha ratificado esta decisión en un auto de aclaración en el que solo corrige un error ortográfico según indicaron ayer desde el grupo Socialista, que anunció que «se confirma en todos sus extremos la nulidad del Pleno que inició la legislatura de Charo Bañuls al frente del Ayuntamiento». El auto tiene fecha de 9 de enero y tal y como recuerdan desde la oposición supone la anulación «de los acuerdos adoptados para autorizar sueldos, la ratificación del tesorero municipal, la contratación del abogado municipal o las delegaciones de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno», algo que interpretan como que «nunca existieron».

Así las cosas el grupo municipal Socialista ha registrado ante el Juzgado la petición de que se ejecute de inmediato esta sentencia, algo que harán también en el Ayuntamiento «para que Bañuls no mienta y diga que no conoce la sentencia», aseguró el portavoz del PSOE en la localidad Raúl Valerio Medina. «La documentación que ahora llega prueba que Bañuls mintió a los bigastrenses, porque dijo que pediría una aclaración al juzgado para saber si cobraba de forma ilegal pero nunca la solicitó». Añade que el único escrito presentado hablaba sobre el nombramiento del tesorero.

La situación está en el aire y los socialistas recordaron a la regidora popular que ha cobrado «más de 90.000 euros mediante un acuerdo que es nulo», y les preocupa el hecho de que se comete una irregularidad que Bañuls «no ha hecho nada por corregir, al contrario confirmó al Pleno que seguiría cobrando su sueldo de forma regular y sin reparos de Intervención». Para Valerio Medina, la alcaldesa «ha optado por esconder la cabeza y hacer como si la sentencia no existiera, lo cual es de ser muy irresponsable por las consecuencias negativas que puede acarrear esta conducta», y aseguró que los efectos del mandato judicial «no se suspenden pese a que pueda ser recurrida la sentencia, dado que estamos hablando de un tema de vulneración de derechos fundamentales».