El PPCV expulsa a Ferrando y a los cinco concejales críticos con la dirección popular

Casi dos meses después de que el Partido Popular de Orihuela saltara en pedazos el Comité de Derechos y Garantías regional de la formación dio carpetazo a los expedientes abiertos. Sobre las seis y media de la tarde saltó la noticia y poco después se confirmó que este órgano arrebataba la condición de afiliados tanto a la expresidenta local, Pepa Ferrando, -algo que en el seno de los populares tenían bastante claro que iba a ocurrir-, como a los cinco concejales que la han apoyado desde que decidieron levantarse con ella del Pleno del 22 de diciembre para no votar una moción que rechazaba la inclusión de imputados en las listas electorales de cara a los comicios de mayo, cosa que sorprendió más.

La expulsión de Ferrando, según el comunicado enviado desde el PPCV, se debe a un total de seis infracciones de los Estatutos Nacionales, tres graves y otras tantas muy graves. Al abandono del Pleno, en el caso de la concejal, se suman las declaraciones que hizo después en las que puso a los pies de los caballos entre otros al presidente provincial del PP, José Císcar, al que acusó de mantener en puestos de relevancia a quienes, según Ferrando, repartieron votos de formaciones distintas a su partido en las últimas municipales y señaló sin ningún tapujo a la exeurodiputada y ahora coordinadora provincial de la campaña popular, Eva Ortiz. Además las comparecencias y acciones posteriores al margen del Partido Popular se habrían podido considerar como agravantes de la situación, incluido el hecho de que nada más salir de la reunión con la coordinadora regional del PPCV, Isabel Bonig, Ferrando hizo público lo hablado y el secretario general de la provincia, José Juan Zaplana, se vio obligado a salir a dar su propia versión de ese encuentro. Ambas distaban años luz la una de la otra.

Respecto al resto de concejales (David Costa, Encarna Ortuño, Araceli Vilella, Víctor Bernabéu y José Antonio Aniorte) se les acusa de dos infracciones «muy graves», dado que no solo ninguno de ellos se retractó de haberse levantado en el Pleno sino que además han continuado prestando su apoyo a Ferrando después de esa sesión de la Corporación del mes de diciembre. Según pudo saber este periódico las bajas se cursaron ayer mismo en la sede del PP en Alicante a petición de la dirección regional y nada más conocerse la decisión del Comité de Derechos y Garantías.

Se supone que ahora el Partido Popular deberá haber oficial esa pérdida de la condición de afiliados de los seis concejales y comunicarla al secretario del Ayuntamiento, que tomará las medidas oportunas con respecto al Pleno. No obstante también se tendrá que revisar la presidencia de las comisiones que ostentan concejales del PP, tanto los que siguen la línea oficialista como los díscolos con ella, puesto que los seis expulsados tendrán que pasar a la bancada de los no adscritos. Eso sin contar con que son tres de los afectados por esta medida, la propia Ferrando, David Costa y José Antonio Aniorte quienes hoy por hoy cobran un sueldo por desarrollar su labor en el seno del grupo municipal del Partido Popular.

Según pudo saber este diario tanto Ferrando como el resto de los concejales expulsados se enteraron de esta medida, igual que tras la suspensión cautelar de la expresidenta el pasado 2 de enero, por las llamadas de los periodistas. Aunque nadie quiso hacer declaraciones hasta que no tengan todos los datos, en el sector crítico extrañó el hecho de que se resolvieran los expedientes directamente con la expulsión sin siquiera una llamada de teléfono de por medio, y se volvió a apelar, como lo han hecho durante las últimas semanas, a la doble vara de medir de su ya expartido que mantiene en sus cargos a personas que han estado o están imputadas por el ejercicio de sus cargos públicos como el expresidente Camps, la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo o el ex diputado autonómico Ricardo Costa, que siguen siendo afiliados al PP.