El PPCV sigue sin notificar la expulsión ni a Ferrando y sus afines ni al Ayuntamiento

El grupo municipal del Partido Popular afronta una situación transitoria que empieza a ser más que incómoda para los doce concejales que lo componen, divididos entre los afines a la expresidenta local del partido, Pepa Ferrando, y su secretario general y presidente en funciones, Dámaso Aparicio, quien encabeza el sector fiel a la dirección provincial y regional del Partido Popular. Aunque el pasado jueves a través de un comunicado el PPCV hizo pública la decisión de su Comité de Derechos y Garantías de expulsar tanto a Ferrando como a David Costa, José Antonio Aniorte, Encarna Ortuño, Víctor Bernabéu y Araceli Vilella, esa notificación no había llegado a día de ayer a los afectados, como tampoco al Ayuntamiento donde se debe de enviar para determinar quiénes son los concejales que integran el grupo municipal y cuáles pasan al de no adscritos.

De este modo y contando con que llegue la comunicación la composición tanto del Pleno como de las comisiones informativas será la que ha sido hasta ahora al menos hasta el previsto para el 25 de febrero, el ordinario de este mes, en el que se daría cuenta desde la Secretaría del paso de los ediles expulsados a la condición de no adscritos una vez comprobado que todo el procedimiento está conforme a lo que marca la ley. No será la primera vez que el fedatario municipal tenga que informar al respecto porque lo ha hecho en varias ocasiones durante este mandato a cuenta de la ruptura del grupo municipal CLR-Claro y la expulsión de Mancebo y López-Bas de la coalición que todavía está sin dirimir en los juzgados. Ayer en el despacho del grupo permanecía como ha hecho desde que se le asignó una dedicación, el concejal José Antonio Aniorte, aunque también pasaron por el mismo Antonio Rodríguez Barberá y Dámaso Aparicio.

En el sector afín a Ferrando se criticó el hecho de que ninguno de los responsables del partido, ni alicantinos ni valencianos, hayan levantado el teléfono para ponerse en contacto con los concejales expulsados siquiera para comunicarles esta decisión. Así las cosas no se espera que haya movimientos al menos hasta tener conocimiento oficial de lo ocurrido y a partir de ahí se decidirán las medidas a tomar que pasan por recurrir la decisión del Comité de Derechos y Garantías o como se ha hablado en los últimos meses optar por otra formación política para concurrir a las elecciones del próximo mes de mayo, aunque por lo visto aún no hay nada decidido. De hecho entre los críticos no se esperaba la contundencia del Comité de Derechos y Garantías con respecto a los cinco concejales que se levantaron del Pleno para evitar votar la moción contra la inclusión de imputados en las listas municipales, y en especial con Encarna Ortuño y Víctor Bernabéu, ambos recién llegados a la política y sin ninguna imputación judicial a sus espaldas. Tanto a ellos como al resto de sus compañeros se les atribuye la comisión de dos faltas graves contra los estatutos, mientras que a Ferrando se le imputan tres graves y otras tantas muy graves.

Aunque los motivos principales para iniciar los expedientes fueron la ausencia del Pleno y las declaraciones posteriores de Ferrando, desde el Partido Popular afirmaron que el apoyo posterior de Ferrando, el nombramiento de un presidente provisional por parte de la ejecutiva y todo lo ocurrido desde el 22 de diciembre han sido circunstancias agravantes para que se finalmente se optara por la opción de expulsarlos a todos.