La MPE dividirá la deuda residual entre los pueblos que no han pagado

La cuenta atrás para la Mancomunidad de Promoción Económica (MPE) Vega Baja llega a su fin. La dirección ha marcado marzo como fecha límite para que los municipios integrantes asuman la parte correspondiente de la deuda residual, mientras que otros ya han sufragado su porcentaje. La deuda pendiente supone algo más de 1,2 millones de euros entre acreedores y trabajadores a los que hay que indemnizar. La entidad acordó una hoja de ruta para hacer frente a las cuotas que se habían dejado de abonar y para pagar a proveedores del ejercicio 2008 en adelante. Y es que ya hay poblaciones que han saldado su deuda cuatro años después de que el órgano mancomunado entrara en quiebra.

La complejidad del proceso ha llevado a una larga tramitación para inventariar los bienes, calcular el porcentaje en función de cada población y exigir a los miembros su parte de responsabilidad. Solo Redován se negó mediante una reclamación judicial a pagar su parte correspondiente del agujero dejado por las juntas directivas anteriores. La parte más voluminosa es la de los extrabajadores a los que se les tiene que devolver su sueldo por despido improcedente y además una indemnización que asciende a 600.000 euros.

Por otra parte, a los bancos se les debe en torno a 480.000 euros. El presidente de la comisión liquidadora, el independiente Antonio Tomás Mateo, convocó el Pleno de la MPE el pasado miércoles para informar que la primera fase de liquidación acaba en un mes. Los municipios que se han puesto al día de sus compromisos de pago con la subrogación de sus cuotas en préstamos a largo plazo son los de Los Montesinos, Jacarilla y Benejúzar, a los que van a seguir Algorfa, Benijófar y Benferri. Por el momento las deudas con la Seguridad Social y Hacienda se ha dejado a cero en lo correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009.

Desde la entidad comunican que «se ha iniciado la negociación con el personal pendiente de resoluciones laborales y ya se han alcanzado los primeros acuerdos, lo que inicia un principio de solución referente a las demandas laborales que la entidad tiene abiertas». Asimismo, Mateo advierte de que «los municipios que no han pagado tendrán que hacerlo más adelante porque ya asumieron la parte de su deuda».

El órgano mancomunado subastará todos su bienes el próximo mes para pagar a los proveedores a los que debe 120.000 euros.