La alcaldesa pretende validar en Pleno los sueldos que anuló el Contencioso

El Ayuntamiento de Bigastro vivirá el viernes por la noche una situación poco menos que kafkiana ya que la alcaldesa de Bigastro, la popular Charo Bañuls, ha convocado un Pleno extraordinario en que los ediles se retrotraerán nada menos que a julio del 2011. La sesión tiene previsto abordar de nuevo la organización del Ayuntamiento como ocurrió en el primero Pleno de esta legislatura, donde se hizo el reparto de poder, se fijaron las remuneraciones de los sueldos de los ediles y otros pormenores del régimen interior del Consistorio.

La convocatoria, explicó la mandataria municipal, pretende acatar el fallo del juzgado de Lo Contencioso de Elche que anuló el pasado octubre aquella sesión tras la denuncia presentada por el PSOE al entender que aquel Pleno no se hizo conforme a la legislación y se vulneraron sus derechos fundamentales. Bañuls quiere darle retroactividad a todos los acuerdos tomados en aquella sesión anulada por decisión judicial, desde los honorarios percibidos por los concejales al nombramiento del tesorero, composición de los grupos municipales, cuáles son las competencias del Pleno y las que delegó este en la Junta de Gobierno o la representación en los órganos supramunicipales. La alcaldesa explicó que se hace con el informe del asesor legal del Consistorio «también para evitar la inseguridad jurídica a terceros, que pueden verse afectados por acuerdos tomados desde entonces», entre los que cita pagos de facturas por Junta de Gobierno o actuaciones del edil de Hacienda como responsable de la tesorería «de ahí que sea un nuevo Pleno el que dé validez a todas las decisiones y las que se tomen lo que resta de legislatura, además de evitar el caos en que el PSOE nos ha metido con su denuncia y una sentencia que no se puede ejecutar».

Bañuls dice que la ley que regula las administraciones públicas lo permite «para garantizar todos los actos resueltos desde aquel momento», y los populares, ahora en minoría, contarán el viernes con el apoyo de sus entonces socios de Unión Popular, según su portavoz, Aurelio Murcia, ya que este entiende que es factible.

Los socialistas discrepan de esta decisión. El portavoz del PSOE, Raúl Valerio Medina, indicó que en la comisión informativa que se celebró ayer el PP tiene la minoría y que la ausencia de UP facilitó que los socialistas la dictaminasen en contra «además que no hay informe de la secretaria, solo del abogado del PP». Medina afirma que lo que busca Bañuls es «validar sus sueldos cobrados de forma ilegal desde aquel momento» y que ella no es quien para darle retroactividad ni carácter legal a todos los acuerdos «debe ser el Contencioso el que diga cómo se ejecuta la sentencia y busca sustituir al juez, quien no ha aclarado nada, así que se arroga competencias que no tiene en una huida hacia adelante». El socialista entiende que eso «no es acatar la sentencia, es que un Pleno convalide otro que un magistrado declaró nulo».