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C. M. A.
Miércoles, 4 de marzo 2015, 01:37
La dirección provincial del Partido Popular impidió ayer la tramitación de en torno a doscientas bajas de la formación aportadas por los afines a la expresidenta de la agrupación local oriolana, Pepa Ferrando. Un grupo de personas que ha continuado junto a Ferrando tras la expulsión de la concejal del PP junto a otros cinco ediles acudió ayer a la sede provincial para presentar una primera remesa de documentos de baja acompañados con su correspondiente firma y DNI y según el comunicado emitido «los populares alicantinos han vuelto a dar la espalda a la voluntad de estos oriolanos, que convencidos de la injusticia cometida con Pepa Ferrando y los cinco concejales expulsados, han decidido de forma voluntaria darse de baja de las filas populares». La negativa a la tramitación en bloque de las bajas ha sido por lo visto el que no iba cada persona a llevar la suya, algo que no tiene sentido para el sector de la expresidenta puesto que aseguran que esa es la misma forma de la que se tramitan las altas en la formación popular, aunque en ese caso no se ponen tantas trabas. Así, consideran que el PP que lidera José Císcar ha comenzado «una nueva guerra contra este sector de afiliados», y auguran que el descontento con los responsables provinciales crecerá puesto que tienen previsto que en los próximos días se presenten nuevas peticiones de baja que ya han sido comunicadas «así como las que de manera sistemática se producen cada día en la sede local, a pesar de que Dámaso Aparicio se empeñe en negar esta información».
Al parecer solo se pudieron tramitar las bajas de aquellos que acudieron en persona a llevar las del resto, mientras que desde el sector de Ferrando se indicó que la mayoría de los integrantes de la ejecutiva, los que se han mantenido a su lado, ha comenzado a solicitar su saluda del partido. Esto provocará, recuerdan, que Aparicio se quede sin el quórum necesario para iniciar las reuniones del comité ejecutivo en primera convocatoria, «y sin apoyos, como se demuestra reunión tras reunión, a pesar de querer disfrazar esa realidad de cara a la galería».
Los afines a Ferrando critican que el PP «se siga saltando sus propios estatutos», y apuntan que tras la expulsión de la presidenta «legítima, el siguiente paso era implantar una gestora y convocar asamblea popular en el plazo de seis meses». Dado que esto no ha ocurrido así aseguran que «en Orihuela el PP trabaja bajo la premisa del ordeno y mando», y añaden que los actuales responsables «se saltan la democracia interna de su propio partido, sin mirar ni por los derechos de los afiliados ni por la voluntad de simpatizantes y militantes».
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