El Juzgado de Aguas se renueva en pleno debate del decreto de sequía del Trasvase

En pleno debate sobre el decreto de sequía que en un principio pretendía que los agricultores tradicionales cedieran parte de los derechos adquiridos durante siglos a los nuevos regadíos del trasvase, el Juzgado de Aguas de Orihuela renovó ayer a su cúpula con el mismo procedimiento que se sigue desde hace más de setecientos años en esta entidad. Jesús Abadía y su equipo culminaron seis años de mandato y dieron paso a Manuel Larrosa, quien junto con José Martínez Egidio como teniente juez, Pedro Ángel Grao como síndico general, y los integrantes del nuevo Tribunal de Aguas, impartirán la justicia del agua como de forma tradicional se ha hecho en las tierras que forman parte del juzgado oriolano. «Que tengáis agua» fue el deseo del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Miguel Ángel Ródenas, hacia los regantes, un tema que será el que ocupe en primer lugar el recién nombrado juez puesto que mañana mismo se sentará junto al responsable de la cuenca para tratar el borrador del decreto, las correcciones que se han propuesto y todo lo relativo al mismo.

La intención del Juzgado de Aguas de Orihuela, tal y como aseguró su anterior máximo responsable como el actual es trabajar codo con codo con las instituciones, en este caso con el Ministerio, para buscar una solución que contente a todos los agricultores, y fue el juez saliente quien precisó que quienes usan el agua del Trasvase en sus campos «lo pasan mal por las restricciones del Tajo». El ingeniero José Manuel Fernández, quien actuó ayer como portavoz del recién aterrizado equipo de Manuel Larrosa, se mostró favorable a llegar a una solución consensuada entre los regantes «y limar algunos detalles que aparecían en los borradores». Eso se intentará hacer mañana mismo cuando se mantendrá la primera reunión de trabajo en la sede de la Confederación. Su presidente, quien no dio plazos para la aprobación del decreto, ni siquiera se refirió a él como tal de cara a esa primera toma de contacto, consideró que de la colaboración saldrá una solución a este problema. Al mismo tiempo precisó que el decreto «no perjudica a nadie» y aseguró que una vez entre en vigor -debe pasar distintos trámites, entre ellos debatirse en Consejo de Ministros- ese decreto se acelerará la autorización para el uso de aguas de la desalinizadora de Torrevieja para riego en base a las peticiones que se tienen, en torno a las cuarenta, algo que dijo que hará «que haya menos problemas en la cuenca».

Otra de las principales peticiones del juez de Aguas fue dirigida a la Generalitat Valenciana para que restablezca las ayudas para la modernización de regadíos que se han aprovechado hasta el último céntimo en la Vega Baja. Larrosa aprovechó la asistencia al acto del director general del Agua, José Alberto Comos, quien aseguró que dado que la situación económica mejora, la voluntad tanto del presidente de la Generalitat como del conseller de Agricultura es apoyar este tipo de medidas «y trabajamos ya para ver cómo damos cobertura legal y económica a ese plan de modernización» que dijo que le gustaría que se quedara aprobado antes de que culmine este mandato en el mes de mayo.