El juez exime a Medina de cometer irregularidades con las cuotas del D6

El exalcalde, Raúl Valerio Medina, recibió ayer una alegría judicial después de haber declarado el pasado lunes como imputado por el caso de los gastos con la tarjeta de Alcaldía. El juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela acordó el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada relacionada con las cuotas del sector urbanístico D6.

De esta manera se cierra uno de los caballos de batalla de esta legislatura en la que el concejal Aurelio Murcia ha utilizado este tema para arremeter contra su adversario político actual, y el anterior, José Joaquín Moya, en referencia a las supuestas irregularidades sobre las cuotas de urbanización y un agujero en las cuentas municipales al no reflejar la contabilidad municipal el ingreso de las cuotas satisfechas por los propietarios del sector urbanístico.

El concejal independiente quiso incorporar el pasado mes de diciembre al actual portavoz del PSOE, Raúl Valerio Medina, en una investigación que partió de la denuncia de una propietaria. El juez añadió las denuncias de UPCL al proceso abierto desde 2010, donde si se investigaba la gestión de Moya y el anterior secretario municipal, Antonio Saseta. Como en el caso de las tarjetas se trataba de dilucidar si había una supuesta malversación de fondos públicos o presuntas irregularidades administrativas.

Medina mostró su satisfacción por el hecho de que «una nueva denuncia, y ya van unas cuantas se archive». Para el socialista el PP y Unión Popular «lo único que buscan con estos actos es tratar de que lleguen denuncias abiertas a la campaña electoral». El socialista esgrimió la misma argumentación que el pasado lunes a su salida del Palacio de Justicia oriolano, que «la denuncia se presentara justo cuando acaba la legislatura y tras años de Gobierno de PP y UPLC».

El juez firma un auto donde reconoce que las irregularidades a la hora de tramitar este sector urbanístico bajo el mandato de José Joaquín Moya, «son de índole administrativa y nunca constitutivas de un delito ni de prevaricación urbanística ni contra el territorio», manifestó ayer el PSOE bigastrense en un comunicado.

Así las cosas, el auto establece que «el hecho que en el Consistorio no se haya tenido años atrás una contabilidad pormenorizada, una partida y una cuenta corriente, abierta al efecto, no es causa de delito alguno», por lo que excluye también la malversación o el desvío de fondos de los que Murcia acusó al exalcalde.

El juzgado emplaza a Charo Bañuls y al Ayuntamiento a llevar estos asuntos y los supuestos incumplimientos de la empresa urbanizadora del sector D6 «al ámbito jurisdiccional correspondiente», que no es el penal, tal y como desde el grupo Socialista se ha venido reclamando de manera continuada.

Una vez ordenado el archivo, desde el PSOE dirigen sus críticas al anterior bipartito y actual gobierno en minoría del PP, «este auto es la prueba de que después de otros cuatro años, el D6 sigue sin acabarse y la gestión de Bañuls y Murcia solo ha buscado judicializar el sector y no finalizar el expediente ni dar soluciones a los propietarios», asegura el portavoz.

El PSOE subraya que en el citado expediente judicial también figura como denunciante el Ayuntamiento de Bigastro y «la propia Charo Bañuls a nivel individual, a pesar de afirmar reiteradamente que no tenía intereses personales en el sector D6».