La sentencia que condena a Martínez la aleja del PSOE y el Ayuntamiento

La sentencia por la que el juzgado de Lo Penal Número 1 ha condenado a la exalcaldesa, la socialista Trinidad Martínez, a 17 meses de prisión por las irregularidades en la tramitación de una villa para deportistas puede suponer el final de sus días en política porque si ya tenía el obstáculo de la dirección comarcal de su partido para optar a las siguientes elecciones municipales como cabeza de lista ahora lo tiene más difícil e incluso sus días en el Consistorio pueden estar contados.

El juzgado considera probados que en su labor como alcaldesa cometió un delito contra la ordenación del territorio y también fija condenas de prisión tanto para el edil Jose Mora como para Mariano Martí, además de contra tres técnicos municipales que intervinieron en la tramitación del expediente. Los hechos suponen en la práctica que Martínez tiene la cruz de su partido para seguir en él, ya que incluso fuentes socialistas se muestran partidarios de que renuncie al acta de edil pese a estar a escasas semanas de los comicios y son conscientes de que ligar a la exalcaldesa con las siglas socialistas puede suponer un lastre para la campaña electoral, para la que incluso dejaron sin confeccionar la lista de la localidad hasta saber el veredicto, ahora condenatorio.

Según el auto se consideran hechos probados el cambio de uso en las viviendas destinadas en el 2010 a un residencial para deportistas y que terminaron siendo bloques de pisos en la urbanización La Marina tras un cambio en el planeamiento urbanístico y que tras obtener el visto bueno del Consistorio supuso una operación de cerca de 4,2 millones de euros para el promotor.

La juez ve numerosas irregularidades en todo el proceso y relata los hechos desde que un promotor presentase el proyecto para levantar el complejo deportivo y por silencio administrativo se pudo hacer el complejo, un hecho que la magistrada echa en cara a los técnicos y a los responsables municipales. Acusa asimismo a estos de no haber velado por el cumplimiento del planeamiento y afirmar que cumplían con las ordenanzas municipales pese que la segregación de parcelas vulneraba la normativa vigente por los que sus informes fueron decisivos para cambiar el destino del suelo, que terminó siendo utilizado para pisos con la división de la parcela inicial. También recuerda que en su vuelta al gobierno municipal tras el paso de la popular Fina Mora, que decretó la suspensión cautelar de la operación, Martínez la levantó y propició una modificación del PGOU para darle cobertura legal.