Vecinos exigen al Consistorio el pago de un suelo expropiado hace diez años

Tres propietarios de parcelas en el municipio protagonizaron ayer una protesta ante el Ayuntamiento para que este abone el dinero que les adeuda por unas expropiaciones forzosas que se remontan al 2004.

Armados con pancartas y bocinas Francisco Lidón, Rafael Martínez y Joaquín Aldeguer se plantaron durante toda la mañana en una reivindicación que piensan llevar a cabo toda la semana «hasta que se nos abone un dinero que no hemos visto». La queja es que eran propietarios a través de su empresa de una serie de parcelas agrícolas ubicadas anexas al cementerio, con una superficie que ocupaba casi diez mil metros cuadrados y que estas quedaron afectadas por una revisión del Plan General para su calificación como suelo dotacional, un hecho con el que no estuvieron de acuerdo por lo que empezaron un largo trasiego por los tribunales.

Aldeguer explicó que la finca se valoró en unos 180.000 euros tras haber recurrido al Jurado Provincial de Expropiaciones, quien determinó que esa era el precio que debía abonarse por parte del Consistorio y han pasado varias legislaturas «y tres alcaldes y no se ha podido cobrar». Incluso tienen a su favor una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Elche de marzo del año pasado en el que «se deja claro que el Ayuntamiento tenía seis meses para abonarla «y que de estos solo se ha abonado una mínima parte a cuenta», recordaron los afectados «ya que argumentaron que no había fondos para hacer frente a esa cantidad».

La queja no solo fue para reclamar esa cantidad «con la que los juzgados nos dan la razón» puesto que también quieren que por lo menos se les adelante los intereses de demora devengados, que hasta el momento suponen otros 55.000 euros, y mantienen una polémica con la alcaldesa, Teresa Martínez. A la primer edil le reprochan a sus escritos para que la administración por lo menos pague esa parte respondiese «que se hará cuando al Ayuntamiento le sea posible ejecutar la sentencia». También que tras pedir permiso a la Subdelegación del Gobierno y obtenerlo para las protestas, dictase un bando en el que explica a los vecinos «que está tramitando una operación de préstamo que deberemos pagar todos con nuestros impuestos y no conformes también piden el cobro de intereses, aclaración que sirva para evitar que se cree una situación de alarma», reza el texto municipal. Ellos replican que lo único que quieren es poder cobrar parte de lo adeudado «porque estamos en nuestro derecho» mientras que la alcaldesa precisa que el auto no fija el pago de intereses algunos.