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El juzgado archiva la causa contra el alcalde en la obra de los accesos al colegio

La adjudicataria le acusó de «aprovechar» la maquinaria administrativa para perjudicarla, pero no cumplió con el contrato firmado

Fernando Amat

Viernes, 15 de mayo 2015, 02:05

El magistrado del juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela ha decretado archivo para la investigación judicial que inició la empresa Jost, que hizo las obras de acceso al futuro colegio. La mercantil interpuso una denuncia contra el alcalde de Algorfa, Antonio Lorenzo, y tres técnicos municipales tras certificar que la adjudicataria de las obras de acondicionamiento de los accesos al futuro colegio no había cumplido los términos del contrato.

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La mercantil consideraba que el regidor había cometido una presunta prevaricación a la hora de reflejar los incumplimientos de contrato de la mercantil. El juez no ve ningún hecho del que se puede responsabilizar de manera penal al primer edil y ha optado por cerrar el expediente. El regidor señaló que la empresa incumplió los plazos de ejecución así como el número de contratos previstos, por lo que no le aceptó los intereses de demora que le reclamó al Ayuntamiento. Lorenzo evidenció que la empresa puso su denuncia en los juzgados tras dar cuenta de que el contrato se incumplió. El presupuesto procedente del Plan E ascendía a 645.000 euros y partir de ese año la mercantil entró en concurso de acreedores. El juez de la sala número 2 considera que el equipo de gobierno no utiliza de «forma torticera la maquinaria administrativa para perjudicar la entidad privada».

La adjudicataria ya había realizado anteriores actuaciones en la localidad como la ampliación del cementerio y la renovación del campo de fútbol por elevados importes. Aún así, olvidó su relación anterior y se querelló contra el regidor algorfense. Éste señaló que la denuncia se había convertido en una cuestión electoral dada las fechas en las que se interpuso.

Cabe recordar que el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana ya emitió un auto en el que daba la razón al Ayuntamiento para resolver el contrato, una decisión sobre la que se apoya el magistrado.

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