Vertivega pide a la juez de Cieza el cierre cautelar del vertedero de Proambiente

La Plataforma Interregional a Favor de la Salud Ambiental de la Vega del Segura, Vertivega, ha solicitado a la jueza de Cieza que investiga una de las causas abiertas contra la gestión del vertedero de Proambiente en Abanilla el cierre cautelar de sus instalaciones. La plataforma basa su solicitud en tres actas levantadas por agentes del Seprona en inspecciones realizadas a las instalaciones en el mes de marzo en las que afirman que se comprobaron movimiento de tierras y vertidos en espacios en los que no estaban permitidos según auto judicial como es la zona afectada por la declaración de Lugar de Interés Comunitario (LIC) que afectaba al «vaso inicial, vaso 1-2, vaso 5 y vaso 3». Vertivega añade que la administración murciana achacó «sin acudir al lugar a dictaminar, que donde los agentes observan depósitos de residuos sin tratar acumulados recientemente no serían más que meros trabajos de restauración».

En la segunda de las actas levantadas por los agentes de la Guardia Civil el 23 de marzo, apenas unos días después de la primera del 16 de ese mes, se habla de «un gran acopio de residuos sólidos urbanos», basura asentada «sobre un terreno que aparentemente y a simple vista no se encuentra impermeabilizado» además de encontrar «signos de trabajos realizados con maquinaria pesada». A todo esto uno de los responsables de la empresa, tal y como indica el atestado aportado por la plataforma, indicó que el material acopiado era combustible derivado de residuos a la espera de contar con la autorización para vertido en el vaso 3 y que desconocía si el terreno estaba impermeabilizado, algo que para los vecinos no es de recibo que objete uno de los responsables de la mercantil «sin el menor rubor».

Ante todo esto Vertivega considera que pese a la orden de cese de actividad en distintos puntos de la planta «habría estado en funcionamiento» y consideraron que ya «ni siquiera se esconden para realizar unos enterramientos que antes se hacían en horario nocturno». En definitiva denuncian el presunto incumplimiento de la orden judicial dictada el 19 de julio del 2012 y la comisión de un supuesto delito. «Ante tales evidencias y circunstancias procede, con carácter previo e inmediato, dictar orden de paralización y cese inmediato de toda actividad en las instalaciones del vertedero de residuos para estudiar los graves hechos ocurridos y evitar el riesgo de la continuidad delictiva», piden a la juez a la que solicitan al mismo tiempo que realice distintas diligencias en su instrucción como la toma de declaración a los guardias del Seprona que han realizado las últimas inspecciones al tiempo que la administración regional murciana aporte la documentación de las distintas actuaciones realizadas de inspección y comprobación de los trabajos a realizar.

Asimismo la plataforma pide que se verifique si el Seprona de Murcia ha informado a la Dirección General de Calidad Ambiental de la Comunitat Valenciana sobre la existencia del acopio de residuos en término municipal de Orihuela «en base a la inspección ocular del 25 de marzo del 2014 y en caso de que no sea así se remita de forma inmediata.