Un Pleno de trámite para acabar

Un visto y no visto. La Corporación oriolana cerró ayer el mandato municipal que termina en apenas quince días con un Pleno de poco más de hora y media en el que dio tiempo para que tomaran posesión, a setenta y dos horas de las elecciones, dos nuevos concejales, Pablo Vidal y María Luisa Gallud. Ambos actuaron como ediles no adscritos al no haber solicitado entrar al grupo municipal de la coalición CLR-Claro, ya extinta, con la que se presentaron a las elecciones en el 2011. Incluso se sentaron separados del portavoz y único integrante de este grupo municipal, Pedro Mancebo, y junto al único edil no adscrito en la actualidad Bob Houliston.

Al margen de esto y de las críticas de Mancebo al inicio de la sesión extraordinaria, anunciada por el alcalde Monserrate Guillén como la correspondiente a la ordinaria de agosto pasado que no se convocó y por lo que discrepó el liberal que tiene el asunto además en manos de los tribunales, prácticamente fue un Pleno de trámite en el que el bipartito, de nuevo, tuvo la mayoría necesaria para sacar adelante los asuntos a tratar. La tuvo dado el apoyo que brindaron a PSOE y Los Verdes los nuevos ediles y la ausencia de Pepa Ferrando, Víctor Bernabéu, Encarna Ortuño, José Antonio Aniorte y Mónica Lorente, unida al hecho de que Mayte Valero, como este diario publicó ayer, declinara tomar posesión del acta de concejal a la que tenía derecho. Pablo Vidal renunció a la retribución de 200 euros por asistencia a la reunión y a partir de ahí comenzaron a tratarse los asuntos que formaban parte del orden del día, una modificación presupuestaria para pagar una obra en el litoral, la necesaria modificación de los estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos y el debate se generó en la aprobación inicial de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica por Ruidos y Vibraciones, una normativa que entrará en vigor en verano y que en todo caso tendrá que aprobar de forma definitiva la Corporación que resulte de las elecciones del domingo.

El concejal de Urbanismo, Antonio Zapata, fue el encargado de defender una normativa que dijo que es necesaria y que ya elevó a Pleno en julio pasado sin que lograra los votos suficientes para salir adelante. Pedro Mancebo le reprochó que el texto de ayer, elaborado por una universidad y que ha costado 4.000 euros a las arcas municipales sea el mismo que hace un año y que no se haya eliminado por ejemplo el apartado dedicado a la contaminación acústica por aviones y aeropuertos inexistentes en el municipio y que no se incluyan otros ruidos susceptibles de causar molestias como el de las campanas, puso el liberal a modo de ejemplo. Pablo Vidal y Bob Houliston instaron al equipo de gobierno a que la norma incluya medidas por parte del Ayuntamiento para su cumplimiento y el popular David Costa criticó que la ordenanza se haya redactado sin contar, afirmó, con los afectados, hosteleros, miembros de comisiones de fiestas y Junta Central de Moros y Cristianos a los que dijo que afectará. «¿Saben las comisiones a qué atenerse si se aplican los artículos 50 y siguientes?», se preguntó Costa que añadió si estas agrupaciones conocen que tienen que cumplir «una serie de requisitos, o los hosteleros una licencia para sacar la tele a la puerta para por ejemplo ver una competición deportiva. Costaba bien poco sentarse con ellos», afirmó.

Antonio Zapata dijo que el tema «se habló con el presidente de la Junta Central» y precisó que le preocupa la gente que disfruta de las fiestas «pero también los vecinos que nos piden no verse perjudicados por los ruidos y las vibraciones». Aunque el alcalde pidió a los concejales que dieran sus argumentaciones en un solo turno, los reproches de una a otra bancada hicieron que la oposición pidiera un segundo motivado por la intervención del socialista Zapata que culpó a populares y liberales de los problemas de las obras del AVE o de que no haya salido adelante todavía el Plan General de Ordenación Urbana. A partir de ahí poco o nada se habló de una ordenanza que como recordó Pablo Vidal, en todo caso el gobierno que entre a partir de junio puede modificar como cualquier otra normativa.