Vecinos que exigen el pago de suelo expropiado demandan a la alcaldesa

Los tres propietarios de parcelas que hace una semana protestaron a las puertas del Consistorio para exigir el pago de una expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento han dado un paso más en el litigio que mantienen con la alcaldesa, Teresa Martínez.

Los afectados, Francisco Lidón, Rafael Martínez y Joaquín Aldeguer han pedido al juzgado de Lo Contencioso que investigue una serie de hechos que ellos consideran pueden ser constitutivos de delito ya que están a la espera desde hace más de diez años de que el Ayuntamiento dayense les abone una cantidad fijada por el Jurado Provincial de Expropiaciones para compensar los terrenos que tuvieron que aportar, anexos al cementerio municipal.

Tras las protestas a las puertas del edificio municipal ahora los afectados han hecho saber al tribunal con sede en Elche que siguen sin cobrar unos 180.000 euros ni tampoco otros 55.000 por los intereses de demora devengados. Los dueños de las fincas alegan que «puede haber incurrido en una falsedad documental ante el propio juzgado» ya que se basan en que la primer edil apeló en el Contencioso que había realizado las gestiones para obtener esa financiación, que se habían resuelto favorablemente «y únicamente se está a la espera de la autorización por parte de la Conselleria de Hacienda». Estos consideran que esa afirmación puede haber sido «para engañar al juzgado y demorar el pago de las expropiaciones», lo que sostienen en un informe de la secretaria municipal en el que la fedataria hace constar que en julio del 2014 la Conselleria resolvió no autorizarlo por no cumplir los requisitos legales.

En su descargo la alcaldesa dice que el préstamo no se le concedió porque en aquel momento el Consistorio no cumplía con la Ley de Racionalización del Gasto y le fue rechazado por la administración autonómica y ahora que si se ajusta lo han vuelto a solicitar. Asimismo explica que los propietarios en su momento tampoco se quisieron acoger al plan de pago a proveedores «porque siguen reclamando unos intereses de demora que la sentencia no contempla».