La CHS dice que la retirada de lodos del río debe acordarse entre administraciones

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ya ha remitido a las administraciones competentes las peticiones de Amigos del Río, asociación que agrupa a vecinos que tienen sus viviendas colindantes al tramo urbano oriolano del Segura, para que se eliminen los lodos y sedimentos que se acumulan en el cauce. La Confederación dice que la retirada de los lodos debe acordarse entre administraciones porque así lo especifica la ley del Plan Hidrológico Nacional, que establece que las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas «corresponderán a las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo». Estas son el Ministerio de Medio Ambiente y las administraciones autonómicas y locales, que podrán «suscribir convenios para la financiación de estas actuaciones», apunta la CHS en su escrito remitido esta semana.

El colectivo mantuvo hace meses una reunión con el Comisario de Aguas, José Carlos González Martínez, a quien le trasladaron sus quejas y le emplazaron a acabar de una vez por todas con los lodos que se acumulan en el cauce por toneladas, de forma que se termine con la visión que da el río y los malos olores que emite al cabo del año.

El portavoz de los vecinos, Manuel García Hernández, remitió a la CHS las quejas de los vecinos y solicitó en relación al tramo urbano del Segura en Orihuela que se solucionen los problemas «endémicos» que soportan los vecinos desde que se hizo el encauzamiento y «no nivelar el cauce con la toma de los azudes, lo que hace que se acumulen lodos». Asimismo sugieren en el escrito determinadas actuaciones de carácter físico sobre el lecho del cauce que manifiestan que puede solucionar el problema.

La Confederación no puede actuar por su cuenta al ser cauces públicos y aun siendo un organismo dependiente del Ministerio ha remitido a este otro escrito, así como al Consistorio oriolano y a la Conselleria. El documento emitido por la CHS detalla que si se estima oportuno puede tramitarse ante el Ministerio la declaración de la actuación propuesta como de interés general del Estado, «siendo en ese supuesto ejecutada la actuación con cargo a los presupuestos de la Dirección General del Agua». Así las cosas García afirmó que el objetivo final es que las administraciones sepan de este problema y que den las subvenciones y ayudas correspondientes, cada una dentro de las competencias que tenga.