La PAH exige que el Gobierno derogue la Ley de Seguridad Ciudadana

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) pidió ayer por escrito la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, también llamada 'Ley Mordaza', y de la Reforma del Código Penal. Unas leyes que entraron en vigor el pasado miércoles a las doce de la noche y cuyos artículos han sido criticados tanto por los afectados por la hipoteca como por otros colectivos que realizan huelgas y otros actos de presión. Miembros del colectivo registraron ayer sus peticiones de manera individual en el edificio Prop al igual que lo hicieron plataformas a nivel provincial y estatal. De hecho el portavoz de la plataforma, José Andrés Berná, se encontraba ayer en Alicante para hacer efectiva la reivindicación con el colectivo. La PAH pidió que se retiren estos cambios porque consideran que son leyes que «sancionan, prohiben y criminalizan prácticas tan normalizadas como parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles», y añadieron que castigan la «pobreza, solidaridad y la protesta».

Desde el colectivo afirmaron que estas leyes se hacen en nombre de la ciudadanía, pero son la respuesta de quienes sienten cualquier iniciativa social como una «amenaza a sus privilegios». También manifestaron que las reformas no entran en vigor para garantizar la seguridad ciudadana sino para convertir en ley su «temor, el miedo que les despierta el deseo de democracia, por eso se defienden atacando».

La nueva ley ha despertado suspicacias en diferentes colectivos y asociaciones en los últimos meses. La PAH aseguró que ésta ha recibido el rechazo de organismos nacionales e internacionales como las Naciones Unidas o el Comisario de Derechos humanos del Consejo de Europa, y también del Tribunal Constitucional que ha admitido a trámite la puesta en marcha de un recurso de inconstitucionalidad.

La plataforma manifestó que ella y otros colectivos son los principales afectados, porque «defendemos diariamente el derecho a la vivienda» y también porque reivindican otros derechos como la información libre, educación y sanidad pública y el trabajo digno. Los miembros de la PAH hicieron efectivo el registro del documento ratificando así que el colectivo se coloca en contra de la ley porque la considera «antidemocrática, ilegítima, injusta e inconstitucional ya que impide el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación».

Uno de los miembros de la PAH oriolana aseguró ayer que «este acto de presencia es para reivindicar lo que vemos una ley injusta que ha puesto el Partido Popular, cuando se están pisando a través de esta 'Ley Mordaza' los derechos de la Constitución Española». Por su parte Tatiana Díez, otra activista del colectivo, aseguró que con estas reformas «no nos van a dejar expresarnos de ninguna de las maneras y ya que no nos van a dejar vamos a ponernos en contra de esta ley». Otra miembro de la PAH, Soraya Martínez, dijo que «no nos van a callar ni a quitar nuestros derechos».

El colectivo se reunió el pasado martes en la Glorieta Gabriel Miró junto al Sindicato de Estudiantes para manifestar su rechazo a las reformas, en el que se reunieron decenas de personas. La plataforma adelantó que no descartan más manifestaciones y acciones para frenar la nueva ley.