Los vecinos instan al Consell a anular el PGOU que prevé construir 40.000 casas

Vecinos y ecologistas quieren que el nuevo Consell de la Generalitat dé la puntilla al Plan General de Ordenación Urbana previsto por el Partido Popular que sigue en los tribunales, a través de un recurso de casación interpuesto por la Generalitat y el Ayuntamiento, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana lo declarase nulo. La Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel y Amigos de Sierra Escalona fueron los dos colectivos que presentaron el recurso contencioso-administrativo contra el planeamiento y se les dio la razón, aunque el fallo está recurrido. Por eso ambas asociaciones instan a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio a que retire ese recurso de casación y se acate la decisión del alto tribunal valenciano.

Los vecinos recuerdan que el Plan General de Ordenación Urbana sanmiguelero fue aprobado el 24 de octubre del 2008 por la Dirección General de Urbanismo y Medio Ambiente, un documento que prevé la construcción de 40.000 nuevas viviendas en la localidad para acoger en torno a 100.000 habitantes «un municipio que apenas ronda los 7.000 en la actualidad», indican. Tras el recurso contencioso el TSJCV declaró nulo el citado plan en noviembre del año 2013, y en abril del 2014 conselleria y Ayuntamiento mostraron su disconformidad con el fallo judicial pese a la oposición tanto de la Asociación de Vecinos como de Amigos de Sierra Escalona.

En palabras de estas asociaciones, «el Plan General de Urbanismo de San Miguel de Salinas es un claro exponente del urbanismo salvaje, especulativo, insostenible y depredador que ha asolado nuestra Comunitat desde el inicio de este siglo», y apuntan que «San Miguel de Salinas fue uno de los lugares visitados por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en los desplazamientos que hizo a nuestro país para conocer de primera mano los efectos del urbanismo salvaje». De hecho las conclusiones de este grupo de parlamentarios se reflejaron en el 'Informe Auken' «que supuso un fuerte varapalo a los gobiernos de turno». De este modo los colectivos piden ahora un gesto de rechazo del gobierno valenciano a ese urbanismo salvaje «que como amenaza latente anida todavía en proyectos como el Plan General de San Miguel de Salinas», por lo que solicitan la retirada de ese recurso de casación, al tiempo que piden sin más demora que Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor sean declaradas Parque Natural para preservar su conservación.

Sin evaluación ambiental

El motivo que llevó a la anulación del PGOU de San Miguel por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana fue meramente administrativo. El alto tribunal aceptó el recurso interpuesto por vecinos y conservacionistas y falló con respecto al planeamiento ante la falta de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Apoyado por cuatro de los cinco magistrados de la sala, la nulidad se fundamentó en el hecho de que esa evaluación ambiental se exige por la Ley estatal 9/2006 sobre «evaluación de los efectos de determinados planes» y «programas en el medio ambiente». Los recurrentes plantearon ante el TSJCV que este proceso «no puede ser suplido por la emisión de una simple declaración de impacto ambiental».