Joaquín Andreu Esteban
Miércoles, 19 de agosto 2015, 00:36
La sesión extraordinaria de Pleno que tuvo lugar ayer en San Miguel de Salinas se celebró con sorpresa al poco de comenzar ya que el Partido Popular, que gobierna con el apoyo de dos ediles de UPyD, retiró del orden del día su propuesta sobre el reparto de dedicaciones exclusivas y parciales y también el reconocimiento de compatibilidad a diversos concejales para ejercer el cargo público y actividades privadas.
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El anuncio fue hecho por el primer edil sanmiguelero, Ángel Sáez, instantes después de dar comienzo a la sesión y sin dar explicaciones a los representantes de la oposición, aunque estos aseguraron al término que la decisión la tomó el mandatario municipal «debido a que los vecinos critican las retribuciones que se querían poner», según aseguró la portavoz de Izquierda Unida, Bienvenida Campillo, opinión similar a la expresada por el representante del grupo Socialista, José Antonio Carrasco.
La oposición explicó que es el segundo intento que hacen los populares por aprobar los salarios y ambas formaciones tildaron de «escándalo» que se quiera dar el visto bueno a un aumento del 100% en el sueldo de los concejales y que el primer edil tenga la intención de fijarse un sueldo tres veces mayor que en la anterior legislatura.
Así Campillo dijo que también en la propuesta que al final no se debatió se propuso un salario de 2.500 euros para la portavoz de la formación magenta, María José Costa, idéntico al del mandatario municipal «cuando en un principio iba a cobrar lo mismo que el resto de ediles, 1.500 euros brutos al mes, pero se ha negado», aseguró la representante del partido de izquierdas.
Tanto IU como los socialistas criticaron que los sueldos suben en ochenta mil euros respecto a la legislatura pasada cuando hasta ahora cada edil percibía unos 642 «cifras que son desorbitadas e inadmisibles», apostilló el representante del PSOE. Ambos portavoces afirmaron que la decisión se debe a que «no se entiende por parte de los sanmigueleros el aumento» y dijeron que ambos habían renunciado a percibir sus honorarios como portavoces «para dar ejemplo».
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Otra de las cuestiones que ambos reprochan es que la propuesta de asignaciones «es dejar la partida de Personal sin un céntimo» y que incluso pidieron una Junta de Portavoces para saber cuál era la justificación de ese aumento «pero no se han dignado en consensuar la propuesta y tampoco a explicarnos a qué se van a dedicar los concejales del equipo de gobierno para que se dé esa subida». Asimismo auguran que el PP y su socio de gobierno harán otro intento en el siguiente Pleno «y tendrá carácter retroactivo hasta el 7 de julio».
Por su parte tanto la representante de UPyD como el portavoz del PP, Sergio Correa, justificaron la retirada del orden del día «porque se va a repensar», aseguró la representante de Unión Progreso y Democracia. Igualmente el popular dijo que los ediles «cobrarán en función de sus responsabilidades y la propuesta se modificará por completo» y matizó que el sueldo del alcalde será el mismo que tenía antes del 2007 «cuando se lo bajó por motivos de la crisis».
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Si los sueldos a percibir no fueron objeto de debate lo que sí supuso una agria polémica entre el gobierno local y los grupos de la oposición fue la modificación de la ordenanza que regula la tasa de agua potable y el alcantarillado. El PP defendió que esta debía revisarse al alza para adaptar la subida del metro cúbico a lo que cobra la Mancomunidad de Canales del Taibilla y de nuevo la portavoz de Izquierda unida cargó contra la decisión «porque la empresa adjudicataria propone la subida y el Ayuntamiento la asume sin más». Campillo aseguró que la concesionaria no cumple con sus obligaciones y propuso que lo que se debía hacer era una revisión del contrato y aplicar medidas para que esta cumpla con el pliego de condiciones.
El alcalde dijo que la subida del Taibilla se repercute en el recibo «como ocurre en todos los ayuntamientos que reciben el suministro» y que el alza del 3% solo supone unos céntimos más. Asimismo aseguró que a partir del mes que viene tiene intención de sentar a todos los grupos políticos para mejorar la ordenanza que regula las bonificaciones a familias numerosas, con desempleados o personas con minusvalías y que estas puedan extenderse al mayor número posible de vecinos. Asimismo el portavoz popular aseguró que el Consistorio se limita a aplicar la subida como marca la legislación.
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Campillo entonces cambió el tercio y dijo que el PP aseguró en campaña electoral y antes de los comicios que no iba a aplicarla; y reprochó a la concejal de UPyD que su abstención iba a permitir el aumento cuando lo que había que hacer era revisar el contrato. La trifulca derivó en los pros y contras de tener privatizado el servicio y la edil de la formación magenta le echó en cara que no iba a dejar que la concesionaria pleitease con el Consistorio por no llevarla a cabo.
Rescate de 'Los Invernaderos'
En lo que todos los grupos se mostraron de acuerdo fue en el rescate del plan parcial SUS-A Los Invernaderos ya que el agente urbanizador no lo ha culminado y ha acumulado un retraso de 18 meses en la actuación. El popular Sergio Correa dijo que será ahora el Ayuntamiento el que «coja las riendas para acabarlo» y que lo hará ejecutando el aval de casi un millón de euros que depositó como garantía la empresa.
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