El PSOE reclamará al Gobierno que asuma los costes por las obras de la alta velocidad

El tema del AVE a su paso por la ciudad llegará al Congreso con una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado presentada por el grupo Socialista, a través de su diputado Herick Campos, en la que exigen al Gobierno que «sufrague los gastos derivados de las obras del AVE a su paso por Orihuela, sin que el Consistorio deba asumir el pago de contraprestaciones a Adif». Así lo especifican en su escrito y así lo detalló ayer el edil socialista Antonio Zapata. Este afirmó que no tiene sentido pagar unas obras casi concluidas y que sea «el Estado quien a través de Adif plantee un acuerdo que regule las compensaciones mutuas que se pudieran derivar de la cesión de uso de suelo».

Zapata fue crítico con el alcalde, Emilio Bascuñana, y aseguró que «no se me puede achacar falta de transparencia cuando me he reunido con él dos veces». El edil dijo, además, que cuando fue concejal se hacían comisiones de seguimiento de las obras en las que estaban los exconcejales Asunción Mayoral y Antonio Rodríguez Barberá y que, incluso, «el borrador de convenio lo conocían hasta tres técnicos, por lo que el alcalde está faltando a la verdad».

El edil quiso hacer un recorrido histórico por las obras del AVE y achacó a anteriores alcaldes «que no pelearan» porque pasara por otro lugar. Zapata se retrotrajo a la época de los anteriores responsables populares y dijo que «si alguien ha peleado porque el convenio con Adif se firmara he sido yo». El concejal socialista dijo que la propuesta de la empresa era el soterramiento, tres pasos valorados en 1.750.000 euros a cambio de 5.000 metros cuadrados de edificabilidad. El socialista dijo que esta última cuestión es el «quid de la cuestión», ya que como responsable de Urbanismo mantuvo lo que la anterior Corporación había dejado pero «el tema es en cuánto valoramos esos terrenos y el techo de edificabilidad». Estos irían en la actual estación de autobuses al lado de la del tren, unos terrenos «que valen más que ese millón setecientos mil euros», matizó.

Zapata afirmó que como los terrenos tendrían más valor por eso incluyó un cuarto paso para Orihuela que sigue defendiendo y que aseguró «hay que pensar en grande y no en pequeño, y prepararnos para el crecimiento, además de que es una reivindicación de los vecinos de Correntías y Molins». Además dijo que el cuarto paso es ejecutable y cuenta con el visto bueno de los técnicos.

Ante esta situación el PSOE presenta una enmienda con la finalidad de que no se acepte ningún tipo de convenio y que el Gobierno se comprometa a finalizar las obras en 2016. Además piden que Orihuela no tenga que pagar «ni por las obras de soterramiento, ni por los cuatro pasos, ni las rampas de salida». Además indicaron los socialistas en su escrito que se compense al municipio «por el retraso de más de tres años de las obras, incluidos los pasos a nivel que han quedado cortados, con el consecuente perjuicio económico y de calidad de los vecinos».

En cuanto a las obras realizadas en la CV-95 al lado del colegio Oleza, Zapata instó al Consistorio a que pida una autorización a la Conselleria para que o bien ésta o el Ayuntamiento pongan badenes, reductores de velocidad y pasos de peatones en las zonas cercanas al centro educativo, ya que «ahora hay falta de seguridad».

Aclaraciones sobre Dinoco

Antonio Zapata, también salió al paso tras la polémica suscitada por la privatización o municipalización del Servicio de Atención Temprana que presta Dinoco. El edil dijo que «me preocupa que todos los días sean 13 de junio en el Consistorio», en referencia al día que llegaron los populares al poder, e instó al equipo de gobierno a ponerse a trabajar. Zapata aseguró que el expediente de contratación para este servicio se comenzó por el criterio del interventor y que en ese mismo momento «pedimos un informe jurídico para que se pudiera municipalizar». Un informe que según Zapata es favorable y dijo que el mayor ejemplo de municipalización es el servicio de la basura. El edil añadió que la ley se puede interpretar de muchas maneras y que antes de darlo a una empresa privada «que tiene que tener unos beneficios» se hable con la Generalitat para que el servicio siga igual.