C's quiere que el Pleno exija al Consell la cesión de los antiguos juzgados

El grupo municipal Ciudadanos quiere que el Pleno se pronuncie sobre la permuta de los antiguos juzgados entre el Ayuntamiento y la Generalitat, una cuestión que está pendiente desde hace años. Así lo anunció ayer la concejal Mar Ezcurra quien dijo que han registrado una moción para que se incluya en la próxima sesión, la correspondiente a agosto y que se hará el 10 de septiembre, en la cual se insta a la administración autonómica a que ceda el antiguo edificio.

La moción pretende conseguir un pronunciamiento de los grupos municipales para exigir de nuevo al Consell que ceda «de manera inmediata» este edificio, cuestión que no pudo resolver en la pasada legislatura el gobierno de PSOE y Los Verdes. Ezcurra dijo que también se propone en ella la constitución de una comisión técnica en la que se integren tanto los técnicos municipales como los de la administración valenciana para «negociar y acordar el coste de la compensación económica» que se le debe abonar al Ayuntamiento por el suelo y la construcción del Palacio de Justicia de la Plaza Santa Lucía.

La representante de Ciudadanos recordó que el litigio se remonta al año 2002 cuando fue el Consistorio quien corrió con los gastos de levantar unas nuevas instalaciones a cambio de obtener la titularidad de las antiguas dependencias «pero Orihuela cumplió y han pasado muchos años y ningún gobierno autonómico ha hecho lo mismo con sus compromiso mientras que el edificio sigue cerrado, abandonado y tampoco ha llegado la prometida compensación económica».

La edil criticó con dureza que «llevamos más de una década siendo despreciados por el Partido Popular al frente del gobierno valenciano porque nunca se ha preocupado de solucionar esta cuestión y ahora le toca al nuevo presidente», en referencia a Ximo Puig, de quien recordó que en campaña dijo que «iba a ser un aliado de Orihuela en la Generalitat y ahora le toca demostrarlo poniendo fin a esta vergonzosa deuda».

Desde Ciudadanos entienden que el edificio en desuso se puede destinar a acoger distintas dependencias municipales que ahora ocupan bajos comerciales en régimen de alquiler, lo que supone una cifra anual de gastos a las arcas municipales de medio millón de euros.